Una informalidad que no cede: ¿qué proponen los aspirantes a la silla presidencial para resolverla?

En Costa Rica casi la mitad del empleo que se genera es informal,  es decir, sin garantías laborales y sin aportes para el Estado, una problemática que el país arrastra desde hace años tal como se observa en la medición de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de los últimos seis años.

Mientras al cierre del 2015, 871 mil personas dependía de un empleo informal, un dato equivalente al 43% de todo el empleo generado en el país, al cierre de 2021 esa era la realidad de 915 mil personas, es decir 44,7%.

Por empleados informales se entienden a todos aquellos ayudantes no remunerados, trabajadores y empleados de empresas no constituidos como sociedad, empleados ocasionales y aquellos que prestan sus servicios a cambio de salarios en especies y similares, según INEC.

Lo que sucede es que el comportamiento de la informalidad tiene distintas perspectivas, dice María Luz Sanarrusia, coordinadora de la ECE. “Conforme aumenta el número de la población ocupada en el país, el empleo informal también aumenta, ya que va ligado a la participación en el mercado laboral, y también tiene que ver con las barreras que las personas encuentran para formalizarse, como el costo”.

Sanarrusia explicó que por esa misma razón fue que durante 2020, en el peor pico de la pandemia, para el segundo trimestre del año el porcentaje de informalidad bajó a 39,8%, ya que, con la contracción del mercado laboral, fueron los empleos informales los primeros en eliminarse, porque son ser más vulnerables.

El rostro de la informalidad

Actualmente, quienes trabajan en la informalidad son en su mayoría hombres, de entre 35 y 55 años, que no terminaron la secundaria y que en promedio ganan menos de ¢326 mil al mes, equivalentes a un salario mínimo en ocupaciones no calificadas. Además, la mayoría trabaja en comercio (19%) o en transporte, hoteles, restaurantes y servicios domésticos (15%).

Aun así, un 10% de las personas en la informalidad tiene estudios universitarios, y un 11% se dedica a labores profesionales y administrativas de apoyo, esto evidencia que la informalidad es un mal generalizado.

La informalidad es un mal necesario, ya que en muchos hogares es la única fuente de ingresos. “El empleo informal le permite tener un empleo a muchas familias y esto es importante porque el ingreso de esos trabajos representa el 80% del sustento de un hogar, y un trabajo informal abre esa posibilidad, lo imperante es ver como transformamos esos empleos informales en formales” explicó la vocera del INEC.

Ante esta encrucijada, reducir la informalidad es un eje central de discusión en medio de la campaña electoral.

¿Cuáles son las propuestas de quiénes aspiran a la silla presidencial para resolver este problema?  

Un grupo de los candidatos presidenciales propone reducir el costo de las cargas sociales. Actualmente,  las contribuciones que se hacen entre patronos y trabajadores para  cubrir los costos de la seguridad social y pensiones, suman un 37% del salario del trabajador, y, de ese porcentaje, un 26,5% lo aporta el patrono, un monto que por cierto es de los más altos en los países de la OCDE.

Por un lado, hay quienes hablan de quitar o  bajar los porcentajes de la cuota de la CCSS que no van destinados a financiar salud (SEM) y pensiones (IVM), esto lo impulsaría Rodolfo Piza (Pueblo Unido) y José María Villalta (Frente Amplio).  En el esquema actual, a esta cuota se cargan aportes para el Banco Popular, asignaciones familiares, el IMAS y el INA.

Otros proponen crear pagos más flexibles para pequeñas empresas y emprendedores, este es el caso de Rodolfo Hernández (Republicano Social Cristiano),  quien plantea darles un plazo de cinco años para que se estabilicen; mientras que Greivin Moya (Fuerza Nacional) plantea que empiecen  a pagar un año después de que estén en la formalidad, y Fabricio Alvarado (Nueva República) impulsaría un cobro escalado de modo que “salarios más bajos paguen cuotas más bajas”.

En esa línea, José María Figueres (PLN) visualiza que los emprendedores, por ejemplo, puedan iniciar con el pago del 20% de la cuota y paulatinamente, en un plazo de cuatro o cinco años, lleguen al 100%; mientras que Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático), buscaría quitar durante un año el pago de cargas sociales a las personas que recién ingresan al mercado laboral, y que el Estado asuma ese costo.

En 2021, un estudio del Banco Central concluyó que reducir las cargas patronales a la mitad aumentaría el empleo formal de un 56% a casi un 68%, pero que de hacerse sería necesario que el Gobierno aportara ₡536 mil millones al año, equivalentes al 1,45% del PIB, para compensar el faltante de recursos.

Otros aspirantes se concentran en el aseguramiento de los independientes. Para Natalia Días (Unidos Podemos) una solución es que las personas puedan asegurarse por “tiempo real trabajado” y eliminar la base mínima contributiva,  una propuesta que también es impulsada por Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional). Mientras que Federico Malavasi (Unión Liberal) plantea eliminar la obligatoriedad de cotizar para los independientes, y que se haga de forma voluntaria.

Villalta también propone crear “seguros colectivos para trabajadores independientes”, utilizando recursos del aporte de las empresas a la Ley de Protección al Trabajador, de modo que así se subsidie una parte, para que estos trabajadores puedan tener seguros menos costosos.

También hay quiénes proponen que los informales que quieran formalizarse no tengan que pagar las cuotas o multas de cuando estaban en la informalidad, con esto coincide la candidata Lineth Soborío (PUSC). 

Sobre este tema, recientemente la Sala IV resolvió que un proyecto de ley que pretendía perdonar deudas a deudores de la Caja era inconstitucional.

A nivel país, uno de los elementos que genera debate es el porcentaje de cotización que deben asumir los trabajadores independientes, ya que actualmente los que cotizan a la CCSS deben pagar cuotas de hasta 18,5% de sus ingresos mensuales, en tanto los empleados de una compañía privada o el Estado contribuyen con el 9,5% de su sueldo mensual.

Sobre este tema la CCSS ha planteado varias propuestas, pero a la fecha ninguna ha sido bien recibida. Además, desde la Asamblea Legislativa se plantearon varias iniciativas de ley, que siguen sin avance.

Por su parte, Eliecer Feinzaig (Liberal Progresista), apunta a reducir costos operativos de la Caja, para conseguirlo, aumentaría el número de Ebais que son administrados por cooperativas con el fin de generar un ahorro que se vea reflejado en cargas sociales más bajas para el asegurado.

Otros candidatos plantean que la solución para la informalidad viene desde la generación de incentivos. 

En esa línea, Welmer Ramos (PAC) habla del plan nacional de formalización para pymes, que, por un lado, les permita ir pagando las cuotas gradualmente y por otro, les incentiva la producción con capacitaciones y preferencia en las compras del Estado. Mientras que Rolando Araya (Costa Rica Justa) usaría los recursos de su propuesta de titularizar las riquezas minerales del país para dar un pago mensual a las amas de casa y un acceso al crédito para emprendedores.

En un apartado distinto, Sergio Mena (Nueva Generación) atendería la informalidad desde la formación, desde su planteamiento dar programas rápidos de capacitación lingüística de inglés y otros idiomas, así como programas de tecnología sería el camino para reducir la informalidad.

Usted puede revisar las propuestas de los 25 candidatos a la presidencia ingresando aquí.