CCSS se defiende de críticas por propuesta para afiliación de trabajadores independientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sostiene que la propuesta para reformar el Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes, que se encuentra en consulta pública, está dentro del marco legal.

Según aclaró la institución mediante un comunicado de prensa, “en el inciso f) del artículo 14 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica que es potestad de la Junta Directiva dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución”.

Adicionalmente, el gerente financiero de la CCSS,  Luis Diego Calderón, recalcó que la propuesta busca generar un beneficio para las personas trabajadoras que están aseguradas bajo la modalidad de independientes.

“Esta propuesta no implica el aumento en los montos que deben pagar los trabajadores independientes mensualmente, más bien trae mejoras de los plazos retroactivos que puede hacer la Caja cuando encuentre en su labor de fiscalización, este plazo se va a acortar a 10 años”, aclaró Calderón.

La actual norma permite que los cobros retroactivos se realicen desde el año 2005, fecha en que comenzó a regir la obligatoriedad del aseguramiento de los trabajadores independientes.

El pronunciamiento se da tras una serie de críticas que ha recibido la propuesta, desde el pasado 17 de marzo, cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta como parte del proceso de consulta pública con el que debe cumplir.

El abogado Adrián Torrealba, coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Costa Rica, ha cuestionado fuertemente la propuesta.

“Lo que hace este reglamento es ratificar una práctica de la Caja que se adoptó hace unos tres o cuatro años y que nosotros,  desde el Colegio Profesional de Abogados y la Federación, consideramos que es ilegal e inconstitucional”, dijo Torrealba, durante una entrevista este lunes 5 de abril en 7 Días Radio.

Por otro lado, la abogada laboralista Paola Gutiérrez advirtió que la propuesta de la Junta Directiva de la Caja da una definición muy amplia para determinar a los trabajadores independientes, lo que desde su óptica podría generar problemas.

“Podría interpretarse fácilmente que cualquier persona, aún sin realizar una labor de forma directa, pueda quedar obligada a pagar esta cuota, como por ejemplo el caso de los alquileres. ¿Qué dice la propuesta? Que tiene que ser una persona física, pero luego incluye que podría ser también una persona que no facture como persona física sino a través de una sociedad, organización económica o similar”, explicó la abogada.

La Caja aclaró que el periodo de consulta pública de este reglamento está abierto hasta este miércoles 7 de abril. Luego de ese plazo, la institución analizará las observaciones, las clasificará y determinará los ajustes que procedan para luego tener la propuesta final y presentarla ante la Junta Directiva, encargada de tomar la decisión.

​