Premio Earthshot: luces y sombras de la política ambiental costarricense

Dr. Alexander López / Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica

El reciente anuncio de que Costa Rica fue galardonada con el Premio Earthshot en la categoría “Proteger y Restaurar la Naturaleza”, otorgado por la Royal Foundation, confirma que la apuesta costarricense por generar política pública que ubique la protección del ambiente en el centro de ella ha sido correcta; sin embargo, este reconocimiento no se encuentra libre de algunas sombras que cubren la agenda ambiental costarricense.

El galardón se explica en el contexto de que el país tiene un recorrido de varias décadas en el desarrollo de política pública en materia ambiental. El modelo institucional desarrollado por Costa Rica para mejorar su medio ambiente fue posible gracias a las regulaciones nacionales establecidas y las innovaciones realizadas por el sector productivo. En ese sentido, un primer hito lo constituyó el desarrollo del modelo del Sistema de Parques Nacionales, que fue una respuesta oportuna de política pública a la destrucción de los ecosistemas tropicales debido a la expansión agrícola, pues la protección del bosque coincide en ese momento con la masiva deforestación de las áreas que no tenían ningún tipo de protección.

Un aspecto central, pero a menudo olvidado, es que el éxito de las políticas ambientales en Costa Rica se debe en gran parte a que se ha creado un imaginario colectivo vinculado a la protección del ambiente, lo cual se puede expresar en una frase como “ser costarricense es proteger el ambiente”. El Sistema de Parques Nacionales, el ecoturismo, o incluso el declarar el perezoso como símbolo nacional, son elementos parte de ese imaginario colectivo. Esto se ha trasladado también al ámbito externo, convirtiéndose en una importante ventaja competitiva que viene de su reputación de ser “amigable con el ambiente” y que el sector turismo ha sabido aprovechar de buena forma, lo mismo que la marca país Esencial Costa Rica.

Es claro que en un país que no dispone ni puede presumir de grandes ni modernas obras de infraestructura, la reputación que logre construir por medio de presentarse como lo que el investigador holandés Evans Sterling señalaba como la “Green Republic” representa un instrumento importante para fortalecer ese imaginario colectivo de protección a la naturaleza.

Ciertamente, Costa Rica es un país con una experiencia consolidada en
el diseño de políticas e instrumentos de protección ambiental, ejemplo claro de ellos son:

• el cobro del impuesto al uso de hidrocarburos;
• el canje de deuda por conservación;
• la creación de mercados de fijación de carbono y;
• la aplicación del mecanismo del canon de agua.

Por su experiencia y resultados, Costa Rica es reconocida como un referente internacional en el tema de pago por servicios ambientales, en donde se articula una gestión institucional promovida como política pública desde hace casi cuatro décadas. Estas políticas orientadas a fortalecer el sector forestal y de protección ambiental han sido el resultado inicialmente del pago de incentivos forestales, los cuales evolucionaron hacia la valoración y pago de servicios ambientales, y recientemente como un mecanismo para estimular el desarrollo de mercados de carbono.

Igualmente, el ambiente se convierte en un factor vital para Costa Rica en virtud de su vinculación con el tema energético y de generación de riqueza, en el primer caso la conformación de su matriz eléctrica es eminentemente renovable y basada en el recurso hídrico. En el segundo aspecto, la actividad turística costarricense es una importante generadora de riqueza, con efectos multiplicativos que se extienden a la totalidad de la economía.

Pese a lo señalado anteriormente, es evidente que Costa Rica enfrenta igualmente importantes desafíos que de ninguna manera pueden ser ignorados. Sin pretender hacer una lista exhaustiva resaltan los siguientes: un inadecuado manejo de los residuos, la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos; la elevada dependencia del sector transporte de los combustibles fósiles; la escaza gobernabilidad de nuestros océanos; entre otros.  

Así, tal como indica u estudio del BID (2018), en comparación con otros países de la región y miembros de la OCDE, Costa Rica muestra deficiencias en cuanto a la creciente huella de carbono, en gran parte explicada por la elevada cantidad de emisiones generadas por el sector transporte. La elevada dependencia de este sector a los combustibles fósiles genera un aumento sostenido en las emisiones anuales de CO2, y una mayor contaminación atmosférica y acústica, principalmente en las zonas urbanas.

Igualmente, uno de los problemas centrales es la gestión de los desechos sólidos, con claras repercusiones sobre los cuerpos de agua. Por ejemplo, la Interamerican Association for Environmental Defense  ha señalado que el Río Tárcoles es el río “más contaminado de América Central”. En donde es importante destacar que las estimaciones apuntan que en la zona metropolitana el 80% de los residuos son lanzados al río.

Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que el marco institucional jurídico e institucional de gobernanza de los océanos debe ser una prioridad para el país. Cerca del 92% (572 877 km2) de la superficie de Costa Rica es superficie marina, mientras que solo 8% (51 030 km2) corresponde a superficie terrestre. Durante décadas, la toma de decisiones estuvo enfocada únicamente en el territorio terrestre, por lo que podría decirse que el país adolece de un rezago de décadas en materia de regulación y conservación de los mares.

La oportunidad es clara, si ya Costa Rica logró ser reconocido a nivel internacional como un país “verde”, por qué no podemos ser reconocidos en el futuro como un país “azul”. El país debe garantizar la implementación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos que se ha ido fortaleciendo en los últimos años, en especial la metodología para el ordenamiento espacial marino.