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Dr. Alexander López/ Académico de la Universidad Nacional. 

El cambio tecnológico ha significado para el Estado un reto de doble dimensión, primero en cuanto a la necesidad de adecuar su estructura institucional frente a las demandas de la era digital, y en segundo lugar en cuanto a su capacidad para resolver las demandas ciudadanas en tiempo real. Las recientes amenazas sufridas por instituciones públicas costarricenses, dan cuenta de la alta dependencia que la institucionalidad pública tiene de los datos, ellos constituyen, en la era digital, una especie de reservas de oro. Queda claro en un contexto de alta vulnerabilidad digital la importancia de los intangibles en el desarrollo económico: el valor de la información, el conocimiento y la creatividad, entre otros; como es señalado por Jonathan Haskel y Stian Westlake (2018) en su libro titulado Capitalism without Capital.

Además, lo sucedido en Costa Rica muestra como las instituciones de entornos digitales poseen un riesgo inherente a ataques cibernéticos, el gran problema es que estos ataques no provienen de un enemigo claramente identificable, ello plantea para el Estado desafíos muy distintos. Igualmente, la evolución tecnológica permea todos los niveles de la sociedad; por lo tanto, el proceso de toma de decisiones por parte del Estado debe aumentar la capacidad de pensar el futuro y en ese sentido, las políticas públicas deben ser future proof. Además, el periodo de tiempo de elaboración de políticas debe ser más rápido, porque debe adaptarse a los constantes avances tecnológicos, siendo esto último otro enorme desafío para el Estado.

¿Qué es lo que está cambiando al mundo?

La tecnología para utilizar la electricidad, la máquina de vapor o el motor de combustión interno fueron avances tecnológicos que ocasionaron grandes cambios en su momento, y de uso cotidiano en la actualidad. Estas tecnologías se pueden catalogar como Tecnologías de Utilidad General (GPT, por sus siglas) en inglés).  Desde esa lógica, el internet, la computación en la nube, o las “blockchain” (cadena de bloques), son consideradas como Tecnologías de Utilidad General. Su uso tal vez no se ha generalizado actualmente, pero pronto lo veremos, y las implicaciones de ello en todas las dimensiones de la sociedad deberán ser contempladas por los Estados, quienes deberán “navegar” por estos cambios y proponer un horizonte. En general, como se señala en Lovelock (2018), las principales tecnologías que transformarán el “campo de juego” son: las redes 5G, el internet de las cosas, la computación en la nube, el análisis de datos, la identidad digital, blockchain o cadena de bloques, la computación cuántica, las criptomonedas, la inteligencia artificial; la robótica; la impresión en 3D; y los vehículos autónomos.

Desatar el potencial de esas tecnologías, dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para diseñar, implementar y monitorear la política pública que dirija y acompañe el desarrollo de la tecnología y la era digital. En esa búsqueda por el balance, los gobiernos tienen un rol clave para impulsar nuevas formas de generar políticas progresivas, crear instituciones y mejorar las existentes, y aprender a lidiar con los nuevos riesgos. Un desafío para nada sencillo, porque la disrupción tecnológica genera cambios en campos sensibles de la política pública, como la seguridad, soberanía, protección de datos y el tránsito de datos transfronterizos (Lovelock, 2018). La soberanía sobre los flujos de datos es un ejemplo representativo, ya que estos pueden ser almacenados en cualquier parte del mundo (no necesariamente localmente) aun cuando los datos sean producidos localmente. Pensemos en los datos bancarios o médicos, aspectos muy sensibles que requieren protección. Una vez que los datos son transferidos fuera del ámbito de donde fueron recolectados o producidos: ¿cómo se puede monitorear su uso y poner en marcha controles o leyes nacionales?; además, ¿pueden las ganancias producidas domésticamente evadir la política tributaria nacional o local?

En resumen, hay una agenda abierta para la acción estatal en materia de políticas públicas centradas en los desafíos de la era digital, en donde se destacan tres aspectos: primero, todo lo relacionado con el gobierno abierto, big data, y análisis de datos, incluyendo desde luego la protección de datos; segundo, el desarrollo de una política de ciberseguridad para proteger la infraestructura de información esencial para el desarrollo; tercero, crear un aparato institucional que permita la adecuada elaboración, implementación y monitoreo de todas las políticas en materia digital, al mismo tiempo que protege la seguridad de los consumidores y sus intereses también.