La migración como nuevo desafío de la política pública regional

Dr. Alexander López / Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica.​

La migración, fenómeno social, entendido como el “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo” (OIM, 2006, p. 38); ha representado un proceso de transformación humano global y de redefinición de las relaciones internacionales.

​Si bien, no es un fenómeno reciente, en el siglo XXI se ha caracterizado por un constante crecimiento de las olas migratorias en el mundo entero, y América Latina no ha sido la excepción. Esta región registra los mayores flujos migratorios en el mundo, presentando un incremento considerable en comparación con años anteriores.

“Más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, convirtiendo a la región en la que más número de migrantes tiene en el mundo”, (Hernández, 2023).

El panorama general de los flujos migratorios de América Latina señala tres tendencias generales.

En primer lugar, la migración presente en América del Sur; esta región es internacionalmente reconocida por la crisis venezolana, la cual ha provocado uno de los principales desplazamientos humanos de la actualidad. Además, del punto caliente en el tapón del Darién -frontera terrestre entre Panamá y Colombia- el cual registró para finales de noviembre 2023, un total de 501.297 migrantes que cruzaron la frontera (OPS, 2023).

La segunda tendencia se enfoca en Centroamérica y el Triángulo Norte, cuyos flujos migratorios hacia los Estados Unidos superan los 3.8 millones de centroamericanos en este país, de los cuales alrededor de 1.9 millones lo hacían de manera irregular (Babich & Batalova, 2021). Y no menos importante, los flujos migratorios de nicaragüenses hacia Costa Rica, los cuales se estiman entre 200 mil y 300 mil migrantes para el 2020 (Martínez, 2020).

Finalmente, una tercera tendencia registra los flujos migratorios de México y la frontera con Estados Unidos.

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que la migración irregular en México aumentó un 62% en los primeros ocho meses de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022”, (OPS, 2023).

Asimismo, se han detectado 22.083 ecuatorianos y 166.748 venezolanos entre enero y noviembre del 2022 en la frontera terrestre suroeste de Estados Unidos (OIM, 2023).

Estas cifras demuestran la densidad de la amenaza a la que se enfrentan las administraciones públicas latinoamericanas y la urgencia de dar una respuesta conjunta que brinde las condiciones óptimas para proteger a estas poblaciones de los obstáculos derivados de la misma acción gubernamental de índole disuasoria y punitiva, las inclemencias del clima tropical y de los accidentes geográficos, y de bandas criminales que están asentadas a lo largo del camino para intentar despojarlos de lo poco que pueden llevar consigo en su travesía.

Si bien estos procesos migratorios son originados por diversos factores, tanto internos y externos, como por ejemplo problemas socio-estructurales, frustración en las expectativas de vida o de realización personal, mandato generacional o influidos por coyunturas internacionales como los son los conflictos bélicos, etcétera.; lo cierto es que el proceso de decisión de emigrar es muy complejo y genera beneficios tanto positivos como negativos para los diversos países.

Uno de los problemas en América Latina es que migración es poco informada, lo que contribuye a escenarios peligrosos de vulnerabilidad. América Latina es una de las regiones cuyas características demográficas, coyunturales, históricas, socioeconómicas y políticas, generan mayor vulnerabilidad para la población migrante.  Más aún, cuando las cifras regionales reflejan que la población con mayor índice migratorio en la región son los niños, niñas y adolescentes; y que cerca del 30% de los flujos de personas extrarregionales que cruzan de Centroamérica a Estados Unidos son mujeres (OIM, 2022).

Estas poblaciones están constantemente vulnerables a ser detenidas, están expuestos al tráfico ilícito de personas, corren el riesgo de sufrir violencia sexual y discriminación; no cuentan con servicios de salud ni con las condiciones idóneas de alimentación; lo que repercute gravemente en su salud tanto física como mental.

Si bien la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su rol de máxime institución en temas de migración, ha realizado esfuerzos importantes en América Latina en cuanto a estrategias para asesorar gobiernos, instituciones y formuladores de políticas públicas, no se ha logrado abordar la migración de manera interinstitucional y multidimensional.

Los Estados deben procurar una gestión migratoria que integre elementos de seguridad nacional, beneficios compartidos a través de la migración regular, y de derecho humano, tal como lo señala Mármora (2010). En consecuencia, América Latina lograría “convertir la migración internacional en un proceso más ordenado, manejable y previsible” (Neira, 2020, p.426).

Los esfuerzos latinoamericanos por dar respuesta a esta amenaza como la Declaración de Principios Migratorios y Lineamiento Generales de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM), el Acuerdo de Residencia de Mercosur y asociados (Chile y Perú), o la Tarjeta Andina de Migración; tampoco han sido eficientes y sus resultados son un tanto limitados. Las políticas migratorias estadounidenses solamente agravan la situación latinoamericana, planteando como única oportunidad el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) de Naciones Unidas.

Definitivamente, el fenómeno migratorio presente en América Latina seguirá personificando un reto importante para los Estados y los demás actores de la región. Es necesario migrar hacia una nueva gestión pública que permita una regeneración de políticas públicas que se adecúen a los contextos políticos, económicos y sociales cambiantes que se viven actualmente debido a la globalización; y que sean eficaces en dar respuesta a las nuevas megatendencias que preocupan a la sociedad del siglo XXI.

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