21 de junio de 2021, 9:00 AM

Dr. Alexander López 

Este año inició con el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), conmemoración impulsada por la UNESCO con el objetivo de reunir actores de todo el mundo que trabajen en un marco común que garantice que la ciencia de los océanos contribuya a los ODS, cuyo objetivo 14 llama a ‘’conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible’’.

El anterior marco coincide con la posibilidad para Costa Rica de posicionarse internacionalmente en este tema, así como lo hizo en materia de la consolidación de un sistema de protección de los recursos naturales (Parques Nacionales), del uso y conservación de la biodiversidad y en la producción de energías renovables. Costa Rica debe aprovechar, además, el marco que ofrece iniciativas como High Ambition Coalition for Nature and People para generar todo un esfuerzo internacional en uno de los temas centrales para la salud global de los océanos, como es precisamente la gobernabilidad de estos.

La complejidad de los ecosistemas oceánicos representa un reto para los estados en términos de su gobernanza, lo anterior, debido a que muchos países desconocen ampliamente el estado de la biodiversidad marina con la que cuentan. Así, por ejemplo, es poca conocida su acción en la captura de carbono, ahí se encuentra una posibilidad para la consolidación del carbono azul, y consecuentemente una revalorización de los pastos marinos, marismas y manglares, solo para ilustrar con tres casos.

Por tanto, una pregunta central para el Estado costarricense en su meta de lograr una inserción internacional inteligente en esta materia es: ¿Cuáles son las áreas estratégicas en términos de falta de gobernanza y marcos regulatorios para alcanzar una gestión sostenible de los océanos?

En primer lugar, la actual estructura de gobernanza de los océanos, es decir, el marco jurídico, institucional y normativo establecido, está fragmentado, por lo que resulta insuficiente para hacer frente a las crecientes amenazas a la diversidad biológica de alta mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar representa un aporte fundamental al establecer normas que rigen los usos del océano y sus recursos, pero no especifica cómo los estados deben conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad de alta mar. Además, la Convención ha sido desafiada por estados poderosos, ambivalente es su comportamiento, ya que se suscriben a ciertas disposiciones y cuestionan o relativizan otras.

En segundo lugar, en el contexto de la diplomacia de los océanos, se debe ir más allá de los esquemas de cooperación Norte-Sur, en este sentido,  países como Costa Rica, pequeño en territorio continental, pero extenso en términos marítimos; sumado a que se ubica en una de las regiones más vulnerables al cambio climático, debe fortalecer iniciativas de cooperación con sus vecinos próximos en el Caribe, así como los pequeños estados insulares del Pacífico, mismos que cuentan con diversidad de experiencias en el manejo de recursos marinos, especialmente, en un entorno altamente definido por los efectos del cambio climático.

En tercer lugar, hay enormes desafíos en términos de lograr armonizar los intereses económicos de corto plazo, con las metas de sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, en uno de los sectores clave de la economía de los océanos como son las pesquerías entran en juego la implementación de instrumentos de gobernanza pesquera como lo son las cuotas, vedas y las regulaciones. Estas herramientas son muy controvertidas y sus resultados han sido diversos. Lo anterior, fundamentalmente por el nivel del conocimiento de las características del stock pesquero (cuánto hay, qué tan saludable es, cómo es su reproducción y patrones migratorios) hasta la implementación en el nivel base (por las comunidades objeto de estos instrumentos de regulación). La mera imposición de restricciones cuantitativas o temporales no son efectivas si no se conoce cómo funciona la pesquería en sí; cuando esto pasa, lo habitual es que la actividad se siga llevando a cabo en el marco de la ilegalidad y aquí tenemos todo lo vinculado con pesca ilegal, no reportada y no regulada.

En cuarto lugar, está el tema de la responsabilidad de los mercados que consumen estos productos, especialmente en el norte global y la presión que ejercen para solicitar mayor trazabilidad en la cadena de valor (la cadena de valor de los recursos pesqueros es de las menos trazables dada su complejidad e informalidad). En este sentido, debe haber presiones regulatorias en términos de acceso que se enfoquen en la sostenibilidad y premien la misma, aunado con cooperación para atenuar las asimetrías en la implementación de estas medidas; ya que la mera imposición genera el efecto contrario y se pueden considerar como obstáculos al comercio.

Finalmente, es importante que el enfoque de aproximación que tenga Costa Rica sobre el tema de gobernabilidad de los océanos esté enfocado en asumir un liderazgo innovador y prospectivo en lo que se denomina la blue economy; que no solo cubre los sectores tradicionales de pesquerías, extracción de gas y petróleo, y el desarrollo del turismo; sino también nuevas industrias como la producción de energía proveniente de los océanos y la biotecnología azul, las cuales en su conjunto representan un gran potencial para el crecimiento económico.

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