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Alexander López / Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

La aceptación de la membresía de Costa Rica a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) llega en un momento de inestabilidad e incertidumbre; coincidente con la crisis sanitaria, económica, social, y climática global. También es un momento de gran descontento social hacia las instituciones públicas de América Latina, donde la confianza en las instituciones públicas tiende a ser, en promedio muy baja; en donde el 80% de los ciudadanos de la región consideran que la corrupción está extendida en ellas.

Estas difíciles circunstancias, en el marco de la recepción de la membresía de Costa Rica a la OCDE, potencian aún más esta oportunidad para impulsar de forma sistémica una serie de los cambios estructurales. La OCDE, precedida por la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), organismo creado en 1948 para administrar los fondos del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, lleva en su esencia la reforma y la excelencia para superar situaciones económicas, políticas y sociales adversas mediante diversas formas de cooperación y coordinación de políticas entre Estados.

Más allá de ser el “club de los ricos”, la OCDE es más bien el “club de las mejores prácticas”. La naturaleza de la organización hace que esta oferte bienes públicos en forma de experiencia y conocimiento a disposición de todos los países sobre políticas públicas y buenas prácticas (que por lo general no excluyen miembros de no miembros), pero la membresía permite a los países acceder a un bien reservado o bien “club”, como lo es el estatus internacional. 

La exclusividad de la membresía no solo permite que la organización (y los países miembros) gocen de buena reputación, sino que es uno de los instrumentos más importantes para aumentar el cumplimiento del régimen. Restringir el acceso a la organización crea lo que se denomina espacio de agencia, es decir, la dinámica de ingreso a la organización permite a la OCDE tener más margen de maniobra que otros organismos internacionales, y, por lo tanto, ejercer mayor influencia sobre los Estados. Para Costa Rica, la aceptación de la membresía se presenta a las vísperas de una fecha muy especial: la celebración del bicentenario de la independencia. Como organismo que promueve la defensa de los valores democráticos, el Estado de derecho y el libre mercado; el ingreso a la OCDE demuestra que los cimientos sobre los cuales se ha construido el Estado costarricense continúan consolidándose.

Además, la membresía le confiere un estatus más elevado al país en el sistema internacional, lo cual puede generar tanto beneficios económicos (por ejemplo, mayor IED) como políticos (reputación en el sistema multilateral). La membresía es una consolidación de los esfuerzos que ha llevado a cabo Costa Rica en las últimas décadas por la apertura económica e inserción en los mercados internacionales. Desde el punto de vista de los fondos de inversión, el ingreso a la OCDE es una señal de un compromiso explícito del país con el libre mercado, que busca mejorar sus finanzas públicas, y también mantener un equilibrio macroeconómico. Como lo demuestra Gray en su libro The Company States Keep, los inversores privados toman en cuenta el ingreso a la organización al asesorar el riesgo país.

El país pasa a competir en las “grandes ligas”, una gran oportunidad para Costa Rica tanto a lo externo (en el escenario internacional) como a lo interno. Como bien lo señala el embajador chileno Ignacio Briones, la comparación con las “grandes ligas” es siempre más fructífera y desafiante que ser el campeón del torneo local. En ese sentido, el ingreso de Costa Rica manifiesta una aspiración del Estado costarricense por acercar, alcanzar, o (por qué no) superar algunos de los principales indicadores de desarrollo y bienestar de los demás países miembros de la OCDE.

Ahora bien, es importante señalar que el ingreso a la organización no produce cambios automáticos. A pesar de que el poder normativo de la OCDE es superior al de muchos otros organismos internacionales, sus mecanismos de cumplimiento no son vinculantes, como suele ser el caso con los organismos intergubernamentales. El peor “castigo” que puede sufrir un país por no cumplir sus principios, normativas y recomendaciones es un comentario crítico de la organización. Lo anterior hace inevitable que exista el riesgo de freeriding (parasitismo), lo cual podría significar una perpetuación del estatus quo o una elección “a la carta” de cuáles reformas se desean llevar a cabo y cuáles no, rezagando reformas importantes que tal vez sean impopulares o enfrenten resistencia de grupos de interés.

Por esta razón, aunque el ingreso a las “grandes ligas” tiene el potencial de tener enormes beneficios para Costa Rica, también viene acompañado de grandes retos. El país debe ser capaz de implementar ágilmente cambios estructurales en materia de políticas públicas, y evitar un escenario en el cual las reformas se elijan a la carta.

La membresía es una señal, Costa Rica busca convertirse en su mejor versión, ahora queda lo más difícil, poner ese objetivo en marcha. Recordando al escritor y periodista latinoamericano Eduardo Galeano, “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.