"Se nos fue la mano", dice diputado sobre multas por restricción
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca presentó un proyecto para devolver las sanciones a su monto original, eliminar el retiro de placas y la pérdida de puntos.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, aseguró hoy que a los diputados "se les fue la mano" con la modificación que aprobaron en abril pasado a la Ley de Tránsito, que permitió aumentar las multas por restricción vehicular y el decomiso de placas y pérdida de puntos por esa conducta.
La reforma elevó de de ₡22.383 a ₡107.768 la multa por esta infracción como una forma de presionar a la población para respetar las restricciones sanitarias y el confinamiento en medio de la pandemia del COVID-19.
“Es necesario racionalizar las medidas que hemos tomado, en abril creo que se nos fue la mano y ahora es necesario volver al equilibrio. Le solicito respetuosamente al Poder Ejecutivo la convocatoria de este proyecto y que le permita a la Asamblea Legislativa su discusión y una pronta aprobación”, dijo el legislador.
Esa afirmación llegó en medio de la presentación de un proyecto de ley que precisamente busca eliminar esa reforma y devolver esas sanciones a su estado original.
La iniciativa fue presentada este lunes por Abarca y tendría, según él, el apoyo de 29 legisladores.
“En los últimos días la Ley 9838 se ha desvirtuado y su objetivo no ha sido el esperado, generando efectos negativos para la ciudadanía que ha visto menoscabada su libertad de tránsito, además de grandes afectaciones en lo económico para los costarricenses”, dijo el diputado.
En aquel momento la reforma fue aprobada el apoyo de 46 legisladores y solo un voto en contra, el del independiente Erick Rodríguez.
"Todo el mundo se queja de que aquí se vota a golpe de tambor todo, la diferencia es que yo sí voto en contra", dijo hoy Rodríguez, parte de esos 29 diputados.
Abarca pidió al Ejecutivo convocar esta propuesta a la corriente legislativa, pues al estar en sesiones extraordinarias la Asamblea Legislativa depende del Gobierno para manejar su agenda.