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Doña Teresita Solano y su pareja Rafael Montero se sumaron a la denuncia que hizo un vecino Tres Ríos la semana anterior, por presuntas irregularidades en la vacunación contra COVID-19.

La mujer de 65 años recuerda que el 14 de abril acudió a la iglesia de Tres Ríos para que le aplicaran la primera dosis y quien la atendió fue un funcionario de apellido Arrieta.

Arrieta fue detenido el viernes pasado como parte de una investigación de la Fiscalía por aparente incumplimiento de deberes al no aplicar la dosis a un asegurado de 80 años.

“Cuando yo pasé donde él para que me inyectara ya él tenía preparada la vacuna, primera duda, nunca la preparó frente a mí, la segunda duda fue que yo le indiqué que en el brazo izquierdo, cuando él me puso la vacuna, con su mano izquierda me tapó la vacuna, a mí me preocupó y me puse alerta”, dijo Teresita.

La mujer quien es pensionada del Ministerio de Hacienda asegura que tras conocer el caso del adulto mayor a quien no le aplicaron la dosis, acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto a su pareja, que también fue atendido por el funcionario investigado.

“Gracias a Dios que no he tenido ningún efecto, pero tampoco tengo evidencia de que a mí me pusieron la vacuna, tanto Rafael como yo interpusimos una denuncia Judicial con la incertidumbre que tenemos.

“En el Ministerio de Salud una señorita nos dijo que lo que teníamos que hacer era ir a pagar un examen. El viernes pasado pusimos la denuncia tipo 5 o 5:30 p. m.”, expresó Solano.

“Yo lo vi a él que tenía la aguja en la mano, yo me quedé viendo la aguja, pero no vi el líquido y me dijo que me corriera, que me subiera la camisa, de un momento a otro me puso la inyección sin que me diera yo cuenta, como no vi bien me quedé con esa duda y entonces fuimos a poner la denuncia.

“No fueron uno ni dos, fueron un montón que inyectó ese señor y que están con la duda, entonces qué va a hacer el Ministerio de Salud, qué va a hacer la Caja con este problema, necesitamos soluciones porque sinceramente las respuestas han sido nulas de parte de ellos”, relató don Rafael Montero.

Las autoridades de Salud aún no tienen claro cuántos asegurados que fueron atendidos por el funcionario, deben someter a exámenes para determinar si desarrollaron o no anticuerpos.

Mientras la investigación penal y administrativa avanza, el funcionario de apellido Arrieta se mantiene suspendido de su cargo con goce de salario, según informó la Caja.