El combustible no solo fluye por tuberías invisibles bajo la tierra. También deja rastro en las cifras, en los vacíos legales y en las grietas que aprovechan quienes operan al margen de la ley.
En Costa Rica, el robo de combustible ha dibujado una curva irregular en los últimos años: cae, repunta, se dispara. En 2020, las pérdidas alcanzaron 3,8 millones de litros. Un año después, el descenso parecía dar respiro, con 744.000 litros sustraídos. Pero la calma fue breve. En 2022, la cifra volvió a escalar hasta los 2,8 millones.
El punto de quiebre llegó en 2023. Ese año, el país registró 6,4 millones de litros robados, el nivel más alto hasta ahora. Desde entonces, los números han empezado a retroceder: 4,5 millones en 2024, 2,6 millones en 2025 y, para febrero de 2026, 398.000 litros ya fuera del sistema.
Detrás de esas cifras hay una vigilancia constante. Un centro de monitoreo que no se apaga nunca, que observa día y noche el comportamiento del oleoducto, atento a cualquier señal de intervención ilegal o fuga sospechosa.
“Este equipo no duerme, trabaja con mucho compromiso y responsabilidad en la deteccion de combustible y es un equipo profesional técnico, especialista en su labor”, indicó cesar alpízar, jefe de protección de bienes.
Cuando una alerta se enciende, la respuesta es inmediata. El equipo técnico se coordina con unidades tácticas que se despliegan en campo. Es una carrera contra el tiempo, contra quienes perforan, extraen y desaparecen.
Ese esfuerzo ha tenido efecto. Los ataques a la infraestructura han disminuido. Pero la institución advierte que el fenómeno no puede leerse solo desde la superficie de los números.
Desde 2024, la línea confidencial 1002 se convirtió en una herramienta clave para sumar a la ciudadanía en esta vigilancia compartida. Denunciar, en este contexto, también es una forma de cerrar brechas.
Sin embargo, lo que empezó como una serie de incidentes dispersos reveló algo más profundo.
“Entendimos que el problema no era un problema de simple pichingueo. Entendimos que había crimen organizado involucrado, estructuras grandes, estructuras pequeñas que están en todo el país, no solo en ciertas zonas, aunque se concentra en algunas zonas. Entonces entendimos el fenómeno un poco más integralmente, ya de manera criminal”, explicó Karla Montero, presidenta de la institución.El desafío, entonces, no es solo operativo. Es también legal.
“Lo que buscamos es que nuestra unidad sea un auxiliar de la policía, principalmente en delitos en flagrancia y en las investigaciones, para poder hacer detenciones más efectivas, más ágiles y también poder tener una mejor custodia de la prueba”, menciona Gerardo Mata, el asesor legal de RECOPE.En ese punto se concentra ahora la expectativa. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, la institución mira hacia la Asamblea en busca de reformas que permitan cerrar esos vacíos y reforzar la capacidad de acción frente a redes cada vez más estructuradas.