POR Mónica Matarrita | 8 de enero de 2026, 19:53 PM

Pese a que la Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva, el Tribunal Penal de Cartago dejó en libertad a cuatro sospechosos de secuestrar, agredir y violar a una menor de 15 años.

La víctima había sido entregada por su madre a una banda de prestamistas “gota a gota” para cancelar una deuda de ¢6 millones.

Los cuatro imputados —la madre de la víctima, una prestamista y dos hombres vinculados al secuestro— quedaron libres luego de que el juez John Tapia rechazara la petición de la Fiscalía de Cartago.

Según el expediente judicial, la menor fue víctima de secuestro extorsivo entre septiembre de 2021 y diciembre de 2025. Durante ese periodo, fue obligada a trabajar con el grupo de prestamistas y sufrió agresiones físicas y sexuales.

Uno de los relatos incluidos en el expediente describe que, en septiembre de 2021, la víctima fue retenida en Purral por la imputada Hernández Chaves, quien llamó a varios sujetos para agredirla. La joven fue desnudada, golpeada y sometida a torturas con electricidad durante toda una noche.

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Menor entregada por su madre a prestamista fue violada y torturada con electricidad

Las agresiones incluyeron golpes, privación de libertad, jornadas extensas de trabajo sin pago y sin alimentación.

En diciembre de 2025, la menor logró escapar con ayuda de una vecina y se refugió con una familia en Cartago. Sin embargo, el expediente también revela que el grupo criminal secuestró a un menor de 13 años y exigió la devolución de la quinceañera como condición para liberarlo.

El documento detalla que el adolescente fue trasladado a una vivienda, donde lo golpearon y lo mantuvieron privado de libertad. Además, fue desnudado, agredido con puños, patadas y un objeto contundente, mientras le sustraían ¢65 mil colones, su cédula y un teléfono celular. Todo esto ocurrió bajo amenazas con armas de fuego, incluyendo un AK-47 y una pistola calibre 9 mm.

El joven logró escapar un día después y pidió ayuda a la Fuerza Pública.

La Fiscalía anunció que apelará la decisión del Juzgado Penal de Cartago e insistirá en la necesidad de que los sospechosos cumplan prisión preventiva.