El Juzgado Penal de Hatillo impuso un año de prisión preventiva a 18 de los 24 imputados en el denominado caso “Imperio”.
Las detenciones se dieron el pasado mes de julio, luego de 32 allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en diferentes zonas de San José, en donde se detuvo a varias personas sospechosas del delito de narcotráfico.
Los restantes cuatro sospechosos de integrar el grupo, liderado por un hombre conocido como “Pioja”, cuentan con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como arresto domiciliario con dispositivo electrónico, firmar cada 15 días e impedimento de salida del país.
Según Wálter Espinoza, director de OIJ, este caso aborda una estructura criminal con mucha planificación interna, una jerarquía fuerte y, gerencialmente, definida mediante la creación de estructuras o capas que le permitían al líder, aparentemente, controlar la venta de drogas.
“La organización lava o legitima el dinero producto de la venta de drogas mediante negocios como supermercados, licoreras y abastecedores. Cuando ingresa el dinero es remitido al sistema bancario nacional para ser canjeado por moneda nacional o extranjera y, de esta manera, pretendían borrar la huella del crimen y protegerse de la investigación que la Policía estuviera realizando”, comentó Espinoza.
Las ventas en el sitio estaban generando, de acuerdo con las autoridades, cerca de ¢10 millones diarios. En los búnkeres, al parecer, se vendía cocaína, crack, marihuana, droga conocida como 'tusi' (cocaína rosada sintética), otra de nombre 'tuki', pastillas y ketamina.