POR Gabriel Pacheco | 7 de septiembre de 2026, 21:00 PM

En Costa Rica, no pagar una pensión alimentaria puede llevar a una persona a prisión. Es la única deuda en el país que tiene esa consecuencia. Pero ese modelo, vigente desde hace décadas, podría tener un cambio.

Al 19 de agosto de este año había 161.969 pensiones alimentarias activas en el sistema, y cada mes el Poder Judicial estima cerca de 16.750 órdenes de apremio corporal. Sin embargo, los datos del Ministerio de Justicia muestran una brecha importante: en promedio, solo 276 personas al mes, en promedio, terminan efectivamente en prisión por este motivo.

A finales de julio, la presidenta Laura Fernández presentó un proyecto de ley que busca sustituir parcialmente esa medida por un brazalete de monitoreo electrónico, aplicable la primera vez que una persona incumpla con el pago.

La propuesta abre preguntas centrales: ¿perderá la cárcel su efecto disuasivo? ¿Qué han hecho otros países para garantizar el pago sin recurrir a la prisión? ¿Y por qué, si ya existen alternativas en el Código de Familia, este cambio se plantea como una novedad?

En este reportaje indagamos qué hay detrás del impago de pensiones en el país y qué tan lejos podría llegar esta reforma, así como someter a análisis si la propuesta es viable o más bien podría ser una estrategia menos cohersiva y con ello, restar las posibilidades de que se pague la pensión.

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