Estos son los nuevos proyectos que impulsa Laura Fernández en materia de seguridad

La presidenta Laura Fernández presentó este lunes un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad.

Se trata de seis expedientes que se unen a otras seis propuestas que ya había presentado la mandataria a mediados de junio pasado.

En la lista sobresale una reforma constitucional, que se presentará formalmente el 3 de agosto próximo, para ampliar las causales de extradición que hoy existen en la Constitución Política.

Además, se propone una reforma al Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y otra para modificar las medidas alternativas de ejecución de la pena.

El acto se realizó esta mañana en el Congreso, donde la mandataria se acompañó de ministros y también del personal que forma parte de la llamada "Fuerza Élite".

Reforma al Código Procesal Penal

La propuesta busca sustituir la audiencia preliminar por una única audiencia previa al juicio en la que se concentre el control de la acusación.

"La realidad crítica es que el proceso penal toma demasiado tiempo, tanto que testigos en causas penales muy delicadas declaran que el hecho se les olvidó", justificó la mandataria.

Según Fernández, esta propuesta permitiría eliminar trámites y etapas que "duplican funciones y retrasan la resolución de los casos", de manera que se puedan reducir tiempos y costos operativos para el Poder Judicial.

Nuevas causales de extradición

El próximo 3 de agosto se presentará un proyecto de reforma constitucional para ampliar los delitos que serían permitidos para aprobar la extradición de ciudadanos costarricenses requeridos por otras naciones.

En esa línea, se propone incluir, además del tráfico internacional de drogas y el terrorismo, los delitos de legitimación de capitales; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; tráfico ilícito de armas; tráfico ilícito de órganos, tejidos y células humanas; sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas; participación en organizaciones criminales transnacionales; cibercrimen, ciberterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado costarricense.

"No es una extradición automática o generalizada de costarricenses, sino una medida excepcional. Solo procedería previa resolución en firme de los tribunales", precisó Fernández.

Además, se mantiene el requisito de doble incriminación, es decir, que sea delito tanto en Costa Rica como en el país que solicita a la persona.

Reforma para modificar los beneficios en ejecución de la pena

La propuesta establece que a cualquier persona con sentencia en firme que reciba una medida alternativa de ejecución de la pena, como por ejemplo firmar cada 15 días, se le colocará monitoreo electrónico (tobillera).

"Solo podrán pasar de cárcel a regímenes de confianza quienes cumplan perfiles técnicos, perfiles de clasificación y condiciones legales para garantizar que ninguna persona peligrosa sea liberada", precisó Fernández.

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Fernández sobre penas del Poder Judicial: "Están liberando a gran cantidad de delincuentes". Más información en Teletica.com. 📲

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Penalización de la explotación minera ilegal

"Si algo ha quedado evidenciado con el caso de Crucitas es que la minería ilegal no solo destruye nuestros recursos naturales, sino que también financia estructuras criminales, amenaza a las comunidades y desafía la autoridad del Estado", dijo Fernández.

La propuesta da rango de crimen organizado al delito de explotación minera ilegal.

Por ejemplo, se endurecen las sanciones de 6 años a 10 años de prisión por la explotación, extracción o procesamiento de recursos minerales.

También se definen penas de prisión a quienes financien, promuevan u obtengan beneficios por la actividad minera, incluido transporte o almacenaje.

De igual forma, se permite el decomiso y ejecución de maquinaria, dinero y materiales, lo mismo que la inmovilización registral de fincas vinculadas con minería ilegal.

Ley de monitoreo electrónico por apremio corporal

Se busca que las personas con apremio corporal por deudas alimentarias no tengan que ir a prisión, sino que puedan utilizar monitoreo electrónico.

De esta forma, según Fernández, se les permitirá a las personas apremiadas buscar trabajo en defensa del pago de las pensiones para los menores.

"Nada hacemos con tener las cárceles llenas de padres de familia deudores de pensiones alimentarias si en la cárcel no pueden buscar trabajo, entonces lo que se hace es dejar en indefensión a los menores", dijo.

La propuesta establece que, si no se paga la pensión durante más de un mes o se incumplen las medidas propuestas, el apremiado deberá ir a la cárcel.

Proyecto de rangos policiales

"Esta iniciativa fortalece la institucionalidad policial mediante una estructura jerárquica moderna, basada en el mérito, la experiencia y la profesionalización", dijo la mandataria.

Básicamente, se busca cambiar la nomenclatura de rangos jerárquicos policiales actual por la que existía en el pasado, de manera que vuelvan a tener rangos como "coronel", "tenientes", "mayores", "cabos", etcétera.

Además, se establece la obligatoriedad de tener un título universitario y 15 años de carrera policial para asumir altos mandos en la jerarquía policial.

Fernández reconoció que, originalmente, se presentaría hoy una reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), pero añadió que pidió retirarlo de la lista, pues la propuesta tiene "algunas pulgas" que todavía deben revisar y que, por lo tanto, se presentará en un tercer paquete de propuestas que se presentará próximamente.