El Poder Judicial advirtió que, con el bloqueo presupuestario que el Gobierno de la República pretende imponerle en 2027, sufrirá un severo impacto en su Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC).
Dicha oficina sufrirá un recorte proyectado de ₡10.250 millones el otro año, lo que representa el 63% de su partida de gastos, según su director, Martín Hernández.
"La mayor presión se concentra en bienes intangibles, equipos, así como programas de cómputo y equipos de comunicación. La Dirección de Tecnología absorbe la mayor parte del bloqueo presupuestario, por lo que la decisión puede afectar licencias, continuidad de plataformas, renovación de infraestructura y capacidad de desarrollo de sistemas", advirtió el funcionario.
En línea con lo anterior, se tiene que, para febrero próximo, no podrán renovarse las suscripciones del Microsoft Office 365, que da acceso a Outlook (correo electrónico), así como a programas básicos Word, Excel y PowerPoint, la plataforma de videoconferencias Teams y la de almacenamiento en la nube OneDrive.
Tampoco se contará con presupuesto para infraestructura tecnológica, soporte, repuestos y mantenimiento.
"Por ejemplo, y esto es muy importante, la comunicación. Nosotros conectamos 22 circuitos, aparte de todas las periferias. Y esto lo pagamos mes a mes. Esto es como un teléfono, como un recibo telefónico. Vamos a pagar y pagamos vencido. Entonces, a final de enero ya no tendríamos cómo pagar la plata de los enlaces", agregó Hernández.
Así las cosas, las sedes judiciales quedarán incomunicadas entre sí.
Otro servicio que se verá impactado por una eventual rebaja tiene es el enlace con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que, por ejemplo, permite advertir de alertas sobre ciudadanos con procesos abiertos, medidas cautelares, órdenes de captura, entre otros.
El bloqueo además afectará la mitad de la partida destinada a diferentes softwares especializados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Lo anterior incluye programas de Ingeniería Forense, así como otros necesarios para los departamentos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
De igual forma, se prevé una afectación a la plataforma llamada "Supercop", desarrollada por la propia Policía Judicial para centralizar las bases de datos públicas del país.
"Si no compramos esas licencias, el Organismo de Investigación Judicial no va a poder utilizar esos sistemas. No vamos a poder realizar esas investigaciones. Tendremos que ir caminando al Registro Civil, al Registro de la Propiedad para consultar las bases de datos públicas. Hoy lo hacemos con un clic. Entonces eso también sería muy severo", señaló su director general interino, Michael Soto.
El impacto alcanza la totalidad del licenciamiento de la Sección de Cibercrimen de la Policía Judicial, necesaria para la operación de esa unidad.
Hernández detalló que otros softwares que vencerán son los de Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés), que permiten los escritorios virtuales para habilitar el teletrabajo en momentos en los que los edificios judiciales sufren de una suerte de hacinamiento.
También se verán afectados los programas antivirus, lo que dejará desprotegidas las computadoras del personal. El director de Tecnologías agregó que las vulneraciones de seguridad pueden ser mayores si se contemplan posibles incumplimientos contractuales.
Durante la sesión del lunes de la Corte Plena, varias dependencias y órganos auxiliares de justicia alertaron que las condiciones establecidas por el Gobierno para que la institución acceda a ₡29.844 millones del plan de gastos de 2027 pueden retrasar por meses la utilización efectiva de los recursos y limitar drásticamente su ejecución, con un impacto directo en la operación institucional y en los servicios que se brindan a la ciudadanía.
La Dirección Ejecutiva cuestiona el mecanismo definido para la liberación de los fondos —que es exclusivo para el Poder Judicial— en el tanto no establece un plazo cierto para su disponibilidad efectiva y condiciona su utilización al cumplimiento de una serie de trámites y autorizaciones que podrían prolongarse durante meses. Esa situación genera incertidumbre y dificulta la planificación institucional.
Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.
En la citada sesión también se dieron otras intervenciones para ahondar en el impacto que tendrá la Dirección de Tecnologías en el Poder Judicial.
Tal fue el caso de la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, quien ironizó:
"Vean que se nos vencen a nosotros también las licencias que utilizamos y casi que tendríamos que convertirnos en piratas para poder utilizar las plataformas que necesitamos para trabajar. Y eso vulnera completamente.
"¿Cuál es el doble discurso, vuelvo yo, que se tiene? Por una parte, la Asamblea Legislativa dice que tenemos que potenciar las normas y las reglas informáticas para poder eficientar el gasto público, y por otra parte nos quitan los recursos para poder hacer utilización de ellos".
Tanto la magistrada como el fiscal general, Carlo Díaz, recordaron cómo el 25 de julio pasado, el actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, planteó en una actividad de la presidenta Laura Fernández si la ciudadanía tenía algún temor de un eventual cierre del Poder Judicial. Ambos agregaron que aquella intervención, lejos de ser una amenaza, era un anuncio de lo que se vendría.
Para el jefe del Ministerio Público, el bloque presupuestario en cuestión es un "cierre técnico" como el que había anticipado el exmandatario (2022-2026).
"Esto es la materialización de eso, así de sencillo. De una manera muy planificada, han logrado materializar prácticamente el cierre del Poder Judicial. ¿Y esto a qué corresponde? Bueno, a la misma narrativa siempre de venir a atacar al Poder Judicial, con su supuesta ineficiencia, que ahora sí, prácticamente, quitándonos las plazas, quitándonos los recursos, y en enero, ni siquiera teniendo para abrir un correo electrónico, donde se mueven todas las notificaciones del sistema judicial, vamos a poder funcionar.
"Con solo que Tecnologías de la Información no tenga el dinero para pagar la licencia de Microsoft, ya hay una parálisis del Poder Judicial. ¿Y eso qué va a alimentar? Bueno, esa narrativa que siempre ellos tienen, de venir de alguna manera atacando al Poder Judicial. Bueno, en contraste, inaceptable, por supuesto, vemos que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia sí aumentan su presupuesto", indicó Díaz.
Los proyectados recortes también conllevarán el cierre de oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública.
De igual forma, incidirán en múltiples partidas del Organismo de Investigación Judicial, incluidas aquellas dirigidas a la compra de municiones y chalecos antibalas.