Fiscalía y Defensa Pública advierten sobre cierre de oficinas con bloqueo presupuestario

El fiscal general Carlo Díaz y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, advirtieron del posible cierre de oficinas como consecuencia de los bloqueos que el Gobierno de la República planteó el 1.° de setiembre pasado para el presupuesto del Poder Judicial para el año entrante.

Ambos expusieron sus inquietudes la tarde de este lunes durante la sesión de Corte Plena ante el impacto de la rebaja que la Asamblea Legislativa tiene ahora en sus manos.

En el caso del Ministerio Público, esa disminución se proyecta en ₡558 millones.

"Para hacer un poquito más ejemplificativo de dónde vienen esas afectaciones, las mismas van a venir en alquileres de edificios locales y terrenos. Vamos a tener que cerrar oficinas. Una de ellas, por ejemplo, Cóbano (en Puntarenas). Le vamos a tener que decir a la señora de Cóbano, que vive en una condición de pobreza y vulnerabilidad, que va a tener que ir por violencia doméstica a Puntarenas, que va a ser el local o la fiscalía más cercana. 

"Esa persona tendrá que valorar si los ₡5.000 que tenía para que su familia se alimentara los va a usar para ella poder pagar el transporte hacia Puntarenas, porque los ferries son bastante caros, o el servicio que se paga toda la vuelta también es bastante caro, o con eso alimenta a su familia", señaló el jefe del Ministerio Público.

El fiscal general agregó que esa misma situación atravesarán los extranjeros que sufran asaltos en ese sector, o en playa Jacó de Garabito y en Quepos.

Díaz agregó que, de la mano con ese cierre de oficinas, tendrán que eliminarse plazas, como por ejemplo, en la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos o en la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.

"Las investigaciones de narcotráfico se van a varar. No van a existir. Inclusive pueden correr riesgo las peticiones preventivas de esas personas que ya están. Eso es un riesgo. También se corre riesgo de que la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada cierre, no lo descarto", añadió.

En el caso de la Defensa Pública, se propone un bloqueo de ₡802 millones que impacta 50 de las 59 líneas operativas de la institución.

Pérez mantuvo la línea de lo expresado por Díaz y explicó:

"Don Carlo nos adelantaba que Cóbano podría, sin duda alguna, ser una de ellas. Y es que nosotros tenemos que responder estructuralmente, si el Ministerio Público cierra un sitio de la Defensa Pública, ¿qué estaría haciendo ahí? Y es que no es sólo Cóbano. Y tal vez, si el señor fiscal me lo permite, voy a ampliar, porque nosotros ya hemos hablado de otros sitios y otros lugares de este país, como Jacó de Garabito, como Hatillo (San José), como Batán (en Matina), como Puerto Jiménez. Y hemos considerado otros sitios y otros lugares. Todo esto estamos hablando de la posibilidad material de que esto llegue a ejecutarse.

"¿Y qué les vamos a decir a las personas de estas localidades? Eventualmente Tarrazú, eventualmente Quepos, eventualmente La Fortuna (de San Carlos). ¿Qué les diríamos? ¿Qué es ineficiencia del Poder Judicial? ¿Cómo hacerles entender que si no tenemos los recursos económicos, no podemos operar? Por eso es que justamente nosotros venimos hoy a levantar la voz".

Durante la sesión de este lunes, la Corte Suprema de Justicia en pleno alertó que las condiciones establecidas por el Gobierno para que la institución acceda a ₡29.844 millones del plan de gastos de 2027 pueden retrasar por meses la utilización efectiva de los recursos y limitar drásticamente su ejecución, con un impacto directo en la operación institucional y en los servicios que se brindan a la ciudadanía.

La Dirección Ejecutiva cuestiona el mecanismo definido para la liberación de los fondos —que es exclusivo para el Poder Judicial— en el tanto no establece un plazo cierto para su disponibilidad efectiva y condiciona su utilización al cumplimiento de una serie de trámites y autorizaciones que podrían prolongarse durante meses. Esa situación genera incertidumbre y dificulta la planificación institucional.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.