Sindicato condena "maniobra política” para frenar aumento salarial en el INS

La Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) condenó este viernes “cualquier maniobra de carácter político” que afecte los derechos labores de sus trabajadores.

En un comunicado de prensa, la agrupación manifestó “su rechazo absoluto y categórico” contra lo denunciado ayer por el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, acerca de un presunto rechazo al aumento salarial en la institución por razones electorales.

“Manifestamos nuestro rechazo absoluto y categórico a cualquier maniobra de carácter político que pretenda afectar, directa o indirectamente, los derechos laborales de las personas trabajadoras, y con mayor razón cuando dichas acciones buscan obstaculizar o debilitar un ajuste salarial justo y necesario.

“Lo cierto del caso es que, desde inicios del presente año, esta organización sindical ha venido sosteniendo procesos formales, técnicos y responsables de negociación, no solo orientados a la concreción de un ajuste salarial, sino también a la negociación integral de la Convención Colectiva de Trabajo como instrumentos legítimos para la protección de las condiciones laborales y económicas de los funcionarios”, precisó UPINS.

Esas manifestaciones llegan luego de que este jueves, frente a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Monge aseguró que mientras era gerente intentó aprobar ese ajuste salarial, pero que la actual presidenta, Gabriela Chacón, le dijo que debía tramitarse en enero, a un mes de las elecciones presidenciales.

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“La última vez (Chacón) me indicó que, por razones electorales, los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero 2026. Pero por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias. Me indicó, delante de testigos, que si así fuere, ella me ‘zafaría la tabla’ ante el señor Presidente (Rodrigo Chaves)", denunció Monge.

El sindicato defendió que ese ajuste, incluido en la Convención Colectiva, no es ni un privilegio ni una concesión discresional, sino una medida “indispensable para la recuperación progresiva del poder adquisitivo, severamente deteriorado”.

“Los funcionarios públicos hemos sido objeto de contención, congelamiento y rezago salarial por un periodo no menor a los últimos doce años, lo cual ha generado un impacto real y sostenido en la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias”, dijo la agrupación.

UPINS exigió que las negociaciones sobre ese incremento se desarrollen “libres de interferencias políticas, respetando los principios de legalidad, buena fe, justicia social y dignidad del trabajo, pilares fundamentales del Estado Social de Derecho”.