El Plenario Legislativo aprobó en segundo debate la noche de este lunes el proyecto 21035"Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo".
Con 46 votos a favor y ninguna en contra los diputados pasarán ahora el proyecto a conocimiento del Poder Ejecutivo.
El texto pretende que las pensiones mayores de ₡2.200.000, en el caso del Gobierno y el Magisterio, y los ₡2.600.000, para lo que respecta al Poder Judicial, paguen un porcentaje solidario para la misma sostenibilidad del régimen.
Ese monto lo definirán los administradores de regímenes de pensiones del Poder Judicial, Jupema y del Ministerio de Trabajo.
Con este proyecto se espera que alrededor de 3.000 nuevos pensionados contribuyan, de esta forma se podría reducir el monto que los costarricenses aportan para financiar los fondos de pensiones.
Ese aumento en la base contributiva permitiría al Estado ahorrarse una millonaria suma, dinero que podría utilizar para ayudar a sectores vulnerables de la población.
¿Cómo se cobraría?
El proyecto propone que en el caso del Gobierno y el Magisterio se pague 25% sobre el exceso de ese nuevo límite. Ese porcentaje se eleva hasta 35% en el caso del Poder Judicial.
Para ponerlo más claro: una persona con una pensión de ₡3 millones deberá contribuir sobre el 25% de esos ₡800.000 de excedente.
Para los montos superiores a esos topes se utilizará una escala con porcentajes diferenciados a partir del excedente: entre más alta sea la pensión mayor será la contribución.
El proyecto establece, sin embargo, que no será posible rebajar más del 55% del monto bruto de la pensión.
“Para los casos en los cuales esta suma supere el 55%, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al 55% respecto de la totalidad del monto bruto de las pensiones”, explica la ley.
La reforma es una de cuatro iniciativas que hacen fila en el plenario para lidiar con el tema de las pensiones de lujo.
El primero es el proyecto 21.130 de la libertaria Franggi Nicolás. Este propone fijar un tope general para todas las pensiones del país independientemente del régimen. Este sería el mismo que el de la CCSS: ₡1.6 millones.
Este se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Luego está el 21.345 del oficialista Víctor Morales, que busca trasladar al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS todos los pensionados con cargo al presupuesto.
Finalmente está la propuesta escalonada del socialcristiano Pedro Muñoz, que se compone de tres componentes: una contribución especial solidaria para bajar esas pensiones de lujo, incluir el IVM bajo la supervisión de la Supén y enviar a todos los nuevos cotizantes directamente al IVM, sin importar si son del Magisterio o el Poder Judicial, por ejemplo.