La Sala Constitucional confirmó que mantiene en análisis ocho recursos de amparo y dos acciones de inconstitucionalidad presentados en contra del acuerdo internacional “Escudo de las Américas”, que el Gobierno de Rodrigo Chaves suscribió en marzo anterior.
Se trata de la alianza de 17 americanos que promovió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para erradicar los grupos narcotraficantes del continente.
El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas" y de esta forma “promover la paz a través de la fuerza”.
Entre las quejas, los recurrentes alegan, entre otras, que dicho acuerdo “implica una cesión inconstitucional de la soberanía nacional, al permitir que una potencia extranjera incida en la definición y ejecución de acciones vinculadas con el concepto de terrorismo”.
Asimismo, defienden que “el acuerdo es incompatible con la neutralidad perpetua del Estado costarricense y con la prohibición constitucional del ejército, al contemplar el uso de fuerza militar letal”.
En otra de las acciones de inconstitucionalidad, el accionante plantea que los acuerdos adoptados “no constituyen meras actuaciones diplomáticas, sino que forman parte de una secuencia de decisiones que implicarían la incorporación del país a un esquema de seguridad regional con posibles alcances militares”.
Los recurrentes solicitan, entre otras, que el acuerdo se declare inconstitucional y se ordene una medida cautelar que suspenda, de manera inmediata, sus efectos.
Además, piden ordenar al Estado a retirarse del convenio y abstenerse de firmar tratados similares en el futuro.
Migrantes
En el mismo sentido, la Sala también confirmó que recibió un recurso de amparo que impugna el acuerdo migratorio mediante el cual Costa Rica aceptó recibir 25 personas deportadas desde Estados Unidos por semana.
El recurrente sostiene que el acuerdo vulnera el artículo 3 de la Constitución Política, al disponer que la soberanía reside en la Nación y que su ejercicio no puede ser delegado de forma indebida.
Asimismo, afirma que se infringe el principio de Estado de Derecho, conforme al cual todas las autoridades están sometidas a la Constitución y la ley.
Todos estos recursos y acciones se mantienen en estudio por parte del máximo tribunal constitucional.