POR Juan José Herrera | 15 de julio de 2026, 17:22 PM

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció este miércoles que devolverá a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que fuera imposible que se eligiera al menos uno de los nueve puestos que necesita con urgencia el mencionado tribunal.

Por medio de una resolución, la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que la devolución de la nómina es “constitucionalmente viable” en el entendido de que ya quedó claro que no existe el consenso para alcanzar una mayoría calificada por ninguno de los 18 candidatos propuestos.

“Esta Presidencia considera que la devolución de la nómina no solo resulta constitucionalmente viable, sino que constituye la medida que mejor armoniza las competencias previstas en el artículo 164 de la Constitución Política.

“Lejos de invadir las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, reconoce expresamente su competencia exclusiva para proponer candidaturas y, precisamente por ello, solicita el ejercicio renovado de esa atribución mediante la conformación y remisión de una nueva nómina, completa y enriquecida con las personas que actualmente participan en los concursos en trámite y con mayores posibilidades de generar el consenso parlamentario que exige el orden constitucional”, dice la resolución.

La solicitud, según la legisladora, no solo pretende que se envíe una lista con nuevos postulantes, sino además que sean 24 y no 18, como sucedía con la actual.

Las diferentes bancadas de oposición adelantaron de inmediato que apelarán esa resolución, que además significa la segunda devolución que el Congreso hace de esa lista, pues semanas atrás la agrupación en el poder usó su mayoría para devolver esa nómina, pero vía votación.

La Corte, sin embargo, respondió que, ante la falta de argumentos que permitieran entender cuál era el problema con las personas propuestas, era imposible hacer cambios y la devolvió íntegra a los congresistas.

“No nos engañemos, esta no es una discusión jurídica. Lo que quiere el oficialismo es paralizar la Sala Constitucional para que no pueda ni la Sala ni la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre los casos y las investigaciones penales graves por delitos de corrupción por personas del oficialismo y otros delitos graves.

“Quieren paralizar el Poder Judicial y están ejerciendo un chantaje para que se nombren en la Sala Constitucional a políticos afines al oficialismo que vuelvan a ver para otro lado cuando se conozcan las causas contra figuras del oficialismo”, cuestionó el jefe de fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta.

La parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, señaló, además, que la Presidencia ni siquiera sometió esa decisión a conocimiento del Plenario, una vía que igual había sido constitucionalmente cuestionada por la oposición.

La apelación y sus razones serán conocidas este jueves durante la sesión.


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