Plenario rechaza informe oficialista y aprueba trasladar a Fiscalía hallazgos en caso Barrenador

El Plenario Legislativo rechazó este lunes el informe de mayoría que eximía a la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, de los hechos denunciados en el caso Barrenador.

En ajustada votación, los diputados se inclinaron más bien por el informe de minoría que arrojó la comisión especial que investigó las presuntas irregularidades en la institución de salud y que sí atribuía responsabilidades a Esquivel y otros directivos de la Caja por ese caso penal y otros temas como listas de espera, el sistema de gestión ERP, el bloqueo al hospital de Cartago o la paralización del portafolio de infraestructura.

El informe de mayoría, impulsado por el oficialista Daniel Vargas y respaldado por María Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (Nueva República) y Luis Diego Vargas (independiente), se limitó a reconocer que esos problemas de la Caja son estructurales y no responden a la ingerencia particular del actual Gobierno.

Sin embargo, una mayoría del Pleno insistió en que, aunque esas situaciones puedan ser estructurales, la actual administración sí ha tenido una incidencia directa en temas como el debilitamiento institucional de la Caja, el no pago de la deuda estatal con la institución o la no atención de las listas de espera.

“Esta no fue una comisión investigadora sobre un caso único, fue sobre las irregularidades que se han dado en la Caja y que golpean a la salud de los costarricenses.

“No era solo el caso Barrenador, eran nombramientos irregulares en la institución, viajes hechos con dineros públicos sin los debidos permisos, el uso de testaferros para crear un traje a la medida en la trama del caso Barrenador, las complicaciones en las listas de espera y la absoluta inacción de esta junta directiva y la ingerencia del poder ejecutivo para que no hubiera una solución de manera de crear una crisis y luego debilitar el sistema social que tenemos”, señaló la frenteamplista Rocío Alfaro, firmante del dictamen de minoría.

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Precisamente, una mayoría de los diputados cuestionó que el informe oficialista no sentó ninguna responsabilidad ante hechos que la propia comisión dio como probados.

“Antes de señalar culpables había que contrastar documentos y revisar controles internos.

“El origen del Caso Barrenador no fue financiero sino institucional, lo que falló fue la verificación, la transparencia y la custodia de información, más allá de responsabilidades institucionales”, defendió sin éxito la oficialista Ada Acuña

El informe de mayoría se rechazó con 19 votos a favor y 24 en contra, exactamente la misma votación que permitió la aprobación del informe de minoría, que además de pedir responsabilidades penales también defiende procedimientos administrativos donde fueran necesarios.

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