Plan para cambiar elección de fiscal general "socava" sus funciones, dice magistrada

La magistrada Patricia Vargas cuestionó el proyecto de ley que plantea que la Asamblea Legislativa elija al fiscal general, por considerar que esta resulta "peligrosa", pues "socava" las funciones de quien ocupa ese cargo.

Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, en la que se acordó que la iniciativa afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, la alta jueza hizo un llamado a la responsabilidad por los alcances de la iniciativa.

Vargas recordó que, en la actualidad, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial con el objetivo de dotarlo de una independencia funcional que no poseía antes.

"Lo que se busca a través de este diseño es reducir la politización del Ministerio Público, evitar que se convierta en un instrumento que pueda ser usado políticamente por las mayorías legislativas, sea como sea que estas se conformen, y por supuesto evitar que la permanencia de quien ostenta la condición de fiscal general dependa del poder político.

"Yo creo que es importante hacer un llamado a la responsabilidad y que creo que queda reflejado en ese análisis que se hace en el informe que rinde doña Patricia (Solano, magistrada), que por lo menos yo suscribiría enteramente. Esta es una iniciativa que resulta no solo una que afecta la organización y funcionamiento institucional, sino que es una que es peligrosa desde la democracia misma", expuso la alta jueza.

Para Vargas, el proyecto debilita al fiscal general, al punto que se pretende que este rinda cuentas a los diputados anualmente y, en caso de que estos rechacen sus resultados en dos años consecutivos, puedan destituirlo.

En un escenario como ese, explicó la magistrada, el jefe del Ministerio Público acabaría por plantearse si impulsa o no una persecución penal contra "el poder político", ya que su permanencia en el cargo estaría supeditada a la misma.

"Decir que es una iniciativa que sin duda afecta la organización y el funcionamiento institucional, pero que también socava una de las instituciones claves para la vida democrática de cualquier país y es el órgano que ejerce la persecución penal y que tiene que hacerlo con absoluta independencia funcional. Esto es clave en nuestro país o en cualquier otro país del mundo que se estime democrático y respetuoso de los frenos y contrapesos institucionales", expuso Vargas.

Solano, a quien le correspondió elaborar un informe para evacuar una consulta del Congreso sobre el expediente 25.634, afirmó durante su intervención que cree que la iniciativa está lejos de fortalecer el funcionamiento del Ministerio Público.

El criterio preparado por la también presidenta de la Sala de Casación Penal fue acogido por 15 magistrados, en una votación en la que también se registró la abstención de 6 altos jueces de la Sala Constitucional.

Pero además del señalamiento de afectación al funcionamiento y la organización del Poder Judicial, durante la sesión hubo quienes cuestionaron otros aspectos de la iniciativa.

"¿Qué es lo que hay? Hay una norma que expresamente dice a quién puede nombrar la Asamblea Legislativa, que es de rango constitucional, es taxativa y limitada. No puede la Asamblea Legislativa, por vía de una reforma legislativa, ampliar las competencias que tiene por vía constitucional. Si es la Constitución la que dice a quién nombra, usted no puede, por vía de una ley, ampliarse las potestades que le dio nada más y nada menos que el constituyente originario. No puede. La vía legislativa está cerrada para modificar quién nombra al fiscal general de la República. Está cerrada.

"¿Qué es lo que ocurre? Si la Asamblea se arroga la potestad de elegir al fiscal general, mediante una ley ordinaria, estaría incurriendo en una inconstitucionalidad, una violación al principio de división de poderes. ¿Esto por qué? Porque la Asamblea Legislativa solo cuenta con las potestades de nombramiento que están tasadas por la Carta Magna en el artículo 121. Entonces no puede por vía de ley ampliar lo que se dijo en una norma constitucional", expuso por su lado el magistrado de la Sala Primera, Carlos Zamora.

Su compañero de tribunal, Jorge Leiva, señaló que, desde su perspectiva, los 30 días estipulados para proceder con la remoción del jefe del Ministerio Público resultan irreales para cumplir con el debido proceso y garantizar el derecho de defensa.

El 30 de junio pasado, cuando presentó el mencionado proyecto, la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, destacó que lo que busca es una Fiscalía "independiente", con mayor transparencia, rendición de cuentas y que responda "al interés público".

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