Menos de tres días fue lo que duró el diálogo sobre las normas de ejecución incluidas en el Presupuesto Nacional 2027 y que le bloquean ₡29.844 millones al Poder Judicial.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionó la tarde del miércoles, después de una conferencia de prensa, cuál es la necesidad de instalar una mesa para hacer la revisión que anunció la presidenta Laura Fernández al cabo de su encuentro con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, si ya la Sala Constitucional congeló la discusión del plan de gastos del otro año.
Consultado sobre si ya se habían entablado las conversaciones entre equipos técnicos que refirió la mandataria, el también expresidente (2022-2026) indicó:
"¿Para qué? Doña Laura me dio la instrucción. Yo instruí a mi equipo para explicarles cómo funcionaba, que fue lo que la señora presidente de la Corte Plena (Patricia Vargas) dijo que ella quería y no había salido de aquí, cuando puso un amparo y, en horas (...), Fernando Cruz (presidente interino del alto tribunal), sale y da una orden que violenta de manera clara y abusiva la separación de poderes y el Estado de Derecho Costa Rica".
Las declaraciones del titular fueron interpretadas por el Poder Judicial como la culminación de las mesas de diálogo en un pronunciamiento publicado al final de la tarde en el que se reitera su anuencia para mantener el diálogo y se defienden las acciones legales emprendidas para defender el presupuesto institucional, incluida una medida cautelar urgentísima que llevó a la Sala Constitucional a frenar la votación del plan de gastos la tarde del pasado lunes.
Pero a esas palabras deben agregarse las dadas por la propia gobernante momentos antes, en su rueda semanal de medios, cuando se le preguntó sobre las disposiciones emitidas por el alto tribunal.
"Yo celebro, agradezco, aplaudo y espero que se logre sostener la decisión de incluir normas presupuestarias, ¿para qué? Para que la Asamblea Legislativa tenga herramientas para mejorar el control de la eficiencia en el uso de los fondos públicos que el pueblo de Costa Rica deposita en las manos del Poder Judicial.
"Esa ha sido siempre la intención del Ministerio de Hacienda, esa ha sido la intención también de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, y esas son las famosas normas presupuestarias que ahora fueron presentadas ante un recurso de amparo por parte de la Corte", señaló Fernández.
Sin embargo, el Poder Judicial no presentó un amparo, sino una consulta, en la que se cuestiona si se incumplió el artículo 167 de la Constitución Política (que establece el deber de la Asamblea Legislativa de pedir criterio al Poder Judicial sobre si una iniciativa afecta su funcionamiento y, en caso de que así sea, calificar la votación necesaria para la aprobación de un proyecto de ley) en la tramitación del expediente 25.754. Y lo que trascendió el propio lunes antes del encuentro entre presidentas de dos de los Supremos Poderes fue la solicitud de medida cautelar, no la consulta como tal, pues esa había sido presentada semanas atrás.
El pedido de que se suspendiera la votación del plan de gastos respondió a que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, ya había anunciado que su intención era que el presupuesto se votara de forma definitiva a inicios de esta semana.
Lo anterior hacía prácticamente imposible que la Sala Constitucional pudiera evacuar la gestión de la Corte, sobre todo si se considera que hubo atrasos —como consignó Cruz en su resolución— en la entrega de información que resulta necesaria para poder evacuar la consulta.
"La disposición al diálogo, sin embargo, no implica renunciar a los mecanismos legales que el Poder Judicial tiene a su alcance para defender el cumplimiento de la Constitución y proteger los intereses de las personas usuarias del sistema de justicia", subrayó la Corte.
El Poder Judicial insistió en la necesidad del respeto mutuo entre instituciones, tanto en el fondo como en las formas.
Para la institución, ese valor resulta fundamental en la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al país.
Según el Poder Judicial, ni la solicitud de medida cautelar ni la resolución posterior que la acogió fueron abordadas durante el almuerzo que ambas jerarcas sostuvieron el pasado lunes en Casa Presidencial.