A pesar de los criterios técnicos que recomendaban sus archivos, los diputados de Pueblo Soberano votaron este martes a favor de revivir los proyectos para la construcción de Ciudad Gobierno (expediente 24.099) y el tope a las pensiones con cargo al presupuesto nacional (24.786).
Se trata de dos propuestas que el Gobierno de Rodrigo Chaves impulsó sin éxito en el pasado Congreso y que ahora fueron convocadas por la presidenta Laura Fernández, tal y como ella misma anunció semanas atrás.
Esta tarde, los diputados de oposición intentaron sin éxito defender el archivo de ambas propuestas, al tildarlas de inconstitucionales y peligrosas.
“Hay razones suficientes para preocuparnos por la manera en que pretende realizarse esta obra pública, que sí es necesaria, pero no de la manera que se propone acá.
“Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una Ciudad Gobierno, todos quisiéramos que el Estado se ahorre ese dinero en alquileres, pero para nosotros también es importante que se haga de una manera transparente”, defendió el líder del PLN, Álvaro Ramírez.
La principal queja de la oposición, igual que con el pasado Congreso, es que la forma en que el Ejecutivo pretende construir ese megacomplejo de oficinas que albergaría a 18 instituciones y ministerios y a poco más de 10 mil funcionarios públicos se saltaría todos los procedimientos habituales, permitiendo contrataciones a dedo y sin posibilidad de fiscalización.
"Exceptuar los procedimientos ordinarios de contratación pública en contratos de este tipo va a resultar inconstitucional, además, nos parece que este proyecto afecta todo el sistema de contratación pública al permitir la selección de contratistas de manera directa, sin criterios de selección ni posibilidad de recurrir las decisiones vía objeción ni apelación.
“Como diría la anterior usuaria de esta curul (Pilar Cisneros): ‘chorizo que veo, chorizo que sapeo’, y esto huele a chorizo”, añadió Álvarez.
La iniciativa propone que todos los regímenes de jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, incluidos el Poder Judicial y el Magisterio, tengan un tope máximo de ₡1.7 millones, equivalente a lo máximo que hoy otorgan las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto, según el Gobierno, es una forma de combatir las llamadas pensiones de lujo; sin embargo, la oposición insiste en que la redacción actual permite una aplicación retroactiva de la norma, lo cual sería inconstitucional, como ya ha dejado claro la Sala IV en fallos anteriores.
“Si bien este proyecto habla de una supuesta justicia en diferentes regímenes de pensiones, lo cierto es que genera una grave inseguridad jurídica y no se habla de otros regímenes que sí son urgentes de derogar, como lo son las pensiones vitalicias de expresidentes.
“El dictamen negativo de mayoría se fundamenta en grandes arbitrariedades como poner topes a pensiones de forma retroactiva, sobre beneficiarios a los que ya se les han otorgado, y esto constituye una afectación directa a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad de la ley”, insistió sin éxito la frenteamplista Vianey Mora.
Ambos dictámenes de mayoría recomendaban los archivos de estas propuestas, que ahora continuarán su andar legislativo con el respaldo al dictamen afirmativo de minoría que recomendaba su aprobación.
El oficialismo no razonó su votación y se limitó a respaldar los expedientes.