Los diputados del oficialista Pueblo Soberano destacados en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico mantuvieron este jueves su rechazo a llevar a ministros, expertos y otros jerarcas a ese órgano.
Esta mañana, la oposición intentó, entre otras, llamar en audiencia al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, para referirse a su decisión de eliminar el convenio para permitir audiencias virtuales en las cárceles, así como sus declaraciones en las que dijo tener identificados a “opositores zurdos y algunos de clóset”.
Ambas mociones, presentadas por el Frente Amplio, pretendían que Aguilar explicara ante el órgano primero esa decisión anunciada el pasado 3 de agosto y luego la afirmación que profirió, 10 días después, en la conferencia semanal de la presidenta Laura Fernández.
José María Villalta cuestionó que el fin de ese convenio, sin que hasta ahora se conozca una justificación técnica, “multiplica los riesgos de seguridad y también atrasa el sistema de justicia, porque si en un día se sacan 10 días de audiencias virtuales, probablemente no se pueden hacer 10 días de traslados distintos”.
“Lo que vimos del ministro fue un berrinche; no hubo un argumento técnico, simplemente hubo una discrepancia con el traslado de un criminal de alto perfil que se decidió trasladar presencialmente, que es alias 'Diablo'. Entonces surgió una discrepancia mediática y esa discrepancia bastó para que el ministro dijera, como un chiquito de escuela que hace berrinche: 'No vamos a hacer audiencias virtuales'".
“No se puede gestionar la cosa pública así, los recursos públicos, con ese comportamiento inmaduro, pequeñito”, criticó Villalta.
El oficialista Gonzalo Ramírez, presidente además del órgano, defendió que el traslado de privados de libertad le corresponde al Poder Judicial, pero que Justicia destina cientos de policías penitenciarios a esa labor en momentos donde ese recurso se necesita en las cárceles.
“Además, el Poder Judicial dijo que las audiencias presenciales eran prioridad y la virtualidad una excepción”, aseveró.
Sin embargo, la oposición aseguró que esas explicaciones deben venir del ministro, no de un diputado.
“Les hago un llamado a la cordura. No se puede traer aquí a ningún ministro, ¿adónde vamos a parar? Esta comisión lleva ya cuatro meses, vamos a pasar entonces cuatro años sin traer aquí a ningún jerarca, a ningún ministro que nos explique las decisiones. Esto solo alimenta la opacidad y la desconfianza, no solo en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo”, cuestionó la también frenteamplista, Sigrid Segura.
La oposición insistió, además, en que Pueblo Soberano explicara por qué desde hace semanas rechaza, de manera reiterada, las mociones de audiencia. Y fue entonces cuando el jefe del oficialismo, Nogui Acosta, justificó que traer a los ministros los distrae de sus funciones.
“Estamos teniendo una discusión bizantina. Cada diputado tiene la potestad y el derecho de hacer las consultas y enviar las comunicaciones, y además hay un principio constitucional de contestar en principio y en forma.
“Venir aquí en audiencia no solamente distrae el tiempo que el ministro le puede dedicar a su trabajo, sino que además va a venir a dar las mismas respuestas que puede dar a través de una nota”, aseveró.
Esa postura, como luego le señaló la socialcristiana Abril Gordienko, elimina la posibilidad de los diputados de preguntar y repreguntar a los jerarcas, además de negarles a estos la posibilidad de ahondar sobre sus posturas.
“Y eso jamás va a sustituir, además, la publicidad, que por estar en una comisión que es transmitida por televisión y distintos medios, para que todos los costarricenses puedan presenciarla, jamás lo sustituye el que me den una respuesta”, criticó Gordienko.
Junto a esas dos mociones, el oficialismo también rechazó otras dos que buscaban traer en audiencia a la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, para referirse al decreto de secreto de Estado anunciado semanas atrás por la presidenta Laura Fernández, así como el eventual uso del software de espionaje Pegasus.
Además, se intentó, sin éxito, que Orlando Aguirre compareciera para exponer el impacto del importante recorte que presentó Hacienda para el Poder Judicial en el presupuesto de 2027.