Oficialismo niega audiencia a Colegio de Abogados en proyectos de seguridad de Fernández
La oposición intentó, sin éxito, que los legisladores de Pueblo Soberano explicaran su rechazo a escuchar a los expertos sobre el paquete de propuestas que impulsa el Ejecutivo.
Los diputados oficialistas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se negaron a llamar en audiencia al presidente del Colegio de Abogados y la Comisión de Asuntos Penales de esa organización, para escuchar sus criterios sobre el paquete de proyectos de seguridad que la presidenta Laura Fernández presentó en junio anterior.
Se trata del primer bloque de propuestas que llevó al Congreso la mandataria con el objetivo de combatir la criminalidad.
En esa lista está, por ejemplo, la llamada ley Gerson Rosales (expediente 25.614), que reforma el Código Penal para darle una "protección integral" a la víctima y al servidor policial.
“Diferentes organismos y expertos en derecho penal han manifestado una serie de dudas e inquietudes. Este proyecto propone reformas al Código Penal y Código Procesal Penal que, aunque se presentan como medidas de seguridad, sí generan preocupaciones constitucionales y de derechos humanos.
“Por ejemplo, el artículo 28 del Código Penal sobre legítima defensa ya protege a cualquier persona, incluidos los policías, entonces no es que el proyecto incorpore una garantía nueva; por el contrario, ampliaría la justificación de lesiones o muertes por ingresar a un recinto privado sin valorar realmente si la respuesta es necesaria y proporcional, eso genera preocupación”, aseguró la diputada socialcristiana Abril Gordienko.
El Colegio de Abogados, que ya había emitido un criterio a la comisión sobre esas propuestas; recomendó, entre otras, el archivo del expediente 25.616, denominado “ley de mano firme contra la reincidencia delictiva”, que elimina la prisión preventiva contra reincidentes, impidiendo que los jueces puedan liberar a estas personas por temas de arraigo familiar o laboral.
En el mismo sentido, los diputados de oposición intentaron esas audiencias para los expedientes 25.615 (ley para combatir las asociaciones criminales); 25.617 (ley de cero ocio en las cárceles); 25.618 (ley para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas) y el 25.619 (ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales).
“Cuando la Asamblea Legislativa prescinde de escuchar a voces expertas encargadas de operar, aplicar, ilustrar o sufrir los efectos directos de una normativa, se corre el grave riesgo de incurrir en vicios de racionabilidad, proporcionalidad y hasta de constitucionalidad que comprometen la validez del ordenamiento jurídico.
“No es que no queremos que se apruebe el proyecto, ve uno fines loables, pero hay que corregirle la técnica”, insistió sin éxito Gordienko.
La frenteamplista Sigrid Segura incluso cuestionó al oficialismo por la falta de razones para ese rechazo.
“Doña Laura Fernández dijo esta semana que ojalá pudiéramos avanzar con los expedientes pendientes; hoy estamos viendo justamente esos expedientes, pero a mí me genera la duda de por qué entonces Pueblo Soberano está votando en contra de llamar a esas personas y poder avanzar con estos expedientes. Me gustaría saber por qué”, preguntó a la comisión; sin embargo, no hubo ninguna justificación.
Repase aquí la comisión:
