La atención que ha dado la administración de Laura Fernández a la histórica problemática de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es rechazada por una mayoría de los costarricenses.
Así se desprende del más reciente estudio de percepción del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicado este jueves.
Solo un 23,0% dice estar de acuerdo o algo de acuerdo con la estrategia implementada por la institución para intentar bajar los tiempos de atención en los establecimientos públicos de salud.
Otras medidas que no gozan de mayor respaldo incluyen la venta de activos del Estado para el pago de la deuda pública o la minería a cielo abierto en Crucitas, con apoyos de solo 1 de cada 3 ciudadanos.
Las críticas de la presidenta al Poder Judicial, por otra parte, gozan de la aprobación de un 50,4% de los ticos, mientras que los señalamientos contra la Asamblea Legislativa son respaldados por el 46,8%. Las expresiones —no se precisa si despectivas— de la mandataria hacia otros poderes o instituciones son respaldadas por el 47,2%.
Por su parte, el proyecto que plantea la armonización del mercado eléctrico tiene una aprobación de casi la mitad de los costarricenses (49,5%).
El estudio se preparó con 746 entrevistas telefónicas realizadas entre el 12 y el 22 (con excepción del 15 y 16) de agosto anteriores. La encuesta tiene un margen de error de ±3,6 puntos porcentuales y tiene un nivel de confianza del 95%.
La encuesta arroja que el 40,0% de los consultados considera que la inseguridad es la principal problemática que afecta a Costa Rica. No obstante, la preocupación por ese tema no se queda ahí, pues un 11,2% considera que ese puesto pertenece al narcotráfico.
Es decir, si se suman ambas temáticas, más de la mitad (51,2%) de los costarricenses identifican la criminalidad y una de sus expresiones como el mayor problema del país.
La segunda casilla la ocupan aspectos relacionados con institucionalidad y gobernabilidad (11,4%). Otras problemáticas mencionadas fueron el desempleo (10,8%), el alto costo de la vida (6,9%) y la corrupción (6,2%). El resto de las temáticas están por debajo del margen de error.
Cuando se consultó a estas personas el interés que ellos perciben del Gobierno para solucionar la que consideran es la principal problemática, la mitad opina de forma optimista.
Sin embargo, cuando se pidió a los consultados una calificación a la atención que el Poder Ejecutivo ha dado en lo que lleva de gestión a la seguridad ciudadana, se tiene que esta es la segunda nota más baja (5,5 de 10 puntos posibles), solo por encima de la estrategia implementada para el combate a la pobreza (5,3).
Del otro lado, las acciones mejor evaluadas de la administración actual fueron la protección a la naturaleza (6,4), el manejo de la economía (6,3) y la educación (6,2).