La magistrada Roxana Chacón advirtió que el recorte al Poder Judicial que promoverá el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, ante la Asamblea Legislativa, implicará "parar" recientes reformas, como la del Código Procesal de Familia.
Esto por cuanto, según expusieron la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia, el ajuste técnico comunicado por el jerarca el pasado 18 de agosto impactará 1.800 plazas "vacantes", que en realidad no están en esa condición, sino que se trata de puestos en los que —por acuerdo de los altos jueces— se iban a mantener con interinos para dar prioridad a los concursos relacionados con el personal especializado en materia penal.
La magistrada de la Sala Segunda recordó que con la reforma procesal de familia que entró en vigencia el 1.° de octubre de 2024, el Ministerio de Hacienda (entonces liderado por el ahora jefe del oficialista Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta) aprobó la creación de 135 puestos para la implementación del nuevo código de la materia.
"Esas plazas están ahí, están trabajando, pero no tienen concursos en propiedad todavía. Esas podrían ser las que eventualmente también podrían ser amenazadas y esto es una vulnerabilidad. Pone en jaque la reforma procesal de familia y también a los grupos vulnerables porque nosotros atendemos en la jurisdicción de familia a muchas personas de escasos recursos que acuden a los diferentes juzgados", expuso Chacón.
Entre los puestos para los cuales sí se tiene previsto un concurso para dar en propiedad seis plazas en el Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias, que permitió reducir de 90 días el trámite de los recursos en esa materia a solo cinco, según la magistrada.
Dicho órgano, además, permite unificar jurisprudencia.
La alta jueza cuestionó entonces si, como parte de la rebaja, desde el Gobierno de la República se contempló que entonces deberá pagarse prestaciones con motivo de los despidos que habría que hacer.
Pero Chacón fue más allá y reprochó que una situación similar ocurre con el nuevo Código Procesal Agrario, que entró en vigor el 28 de febrero de 2025, así como una plaza destinada al reforzamiento del Juzgado de Niñez y Adolescencia.
Ese último órgano jurisdiccional, de acuerdo con la magistrada, tramita 1.800 expedientes y el 80% de estos corresponden a menores bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Frente a esa situación, la alta jueza lamentó que se merme "de un plumazo" el trabajo que busca beneficiar a una población que requiere una "atención urgente" para definir su situación jurídica y legal para que puedan ser adoptados.