Política
Congreso discutirá el miércoles reelección de Patricia Solano como magistrada de Sala III
El proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 también entrará en la agenda de los diputados a partir del próximo lunes.
La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordó, la tarde de este jueves, investigar un crédito de ₡128 millones otorgado por la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) a la magistrada Patricia Solano para la construcción de una casa en Parrita.
El foro —controlado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— tendrá entonces la tarea de esclarecer el procedimiento y las condiciones bajo las cuales se dio el préstamo a la actual presidenta de la Sala de Casación Penal; el origen de los fondos para la adquisición del lote dado en garantía hipotecaria y su valor; el costo total de la construcción y, en caso de superar el monto concedido, determinar la procedencia de los recursos adicionales usados para financiar la obra.
También deberá confirmar si la información correspondiente al inmueble, al crédito y a la construcción fue consignada en las declaraciones juradas de bienes presentadas por la alta jueza ante la Contraloría General de la República (CGR) en los últimos tres años.
Para los efectos, los diputados acordaron además llamar a comparecer a Solano para que brinde las explicaciones del caso y aporte la documentación que respalde la información suministrada sobre los hechos objeto de la pesquisa.
Desde el sábado anterior, cuando circuló en redes sociales información relacionada con el préstamo y la vivienda, en la antesala de la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para la que la magistrada era candidata, esta divulgó una nota en la que aclaró que el crédito le fue otorgado para construir una casa, no para la compra de un lote.
Con ese punto de partida —señaló la alta jueza— se refutan otros elementos que derivaron de la revelación del préstamo, como por ejemplo los porcentajes, los cálculos de pérdidas, las sospechas sobre impuestos y sobre el origen del dinero.
"No tengo nada más que agregar sobre este tema. Sigo con mi trabajo, con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder, y con respeto por las decisiones que corresponden a la Corte Plena y a la Asamblea Legislativa", añadió.
El acuerdo de iniciar la investigación ocurre el mismo día en que los jefes de fracción acordaron discutir y votar, el próximo miércoles, la reelección que Solano pretende en el cargo.
Esa decisión llega al Plenario con una recomendación de mayoría —suscrita solo por la agrupación en el poder— para que se niegue a la magistrada un segundo periodo de ocho años.
No obstante lo anterior, la sugerencia difícilmente será acogida por el Plenario, pues para ello, la agrupación en el poder necesita al menos 38 votos (7 más de los que tiene).
La magistrada ha sido férrea en su defensa de la independencia de la Corte Suprema de Justicia en medio de los señalamientos y recortes que impulsan la presidenta Laura Fernández y su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Entretanto, la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales es objeto de una investigación por presunta administración fraudulenta, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
La pesquisa penal persigue, bajo el expediente 25-000014-0621-PE —seguida contra los miembros de la Junta Directiva, además del órgano fiscalizador y la Gerencia General de la organización— presuntas irregularidades relacionadas con créditos preferenciales, la construcción de un edificio y la adquisición de bienes y servicios, en perjuicio de la asociación.