La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, anunció la mañana de este lunes que denunciará penalmente un sobrevuelo realizado con un dron en su casa en Parrita.
Así lo hizo ver la magistrada durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en el marco de una investigación que se abrió por un préstamo que esta recibió por ₡128 millones por parte de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), destinadas a la construcción de la mencionada vivienda.
"En este sentido, debo decir que si algún delito se ha cometido, es de las personas que se han hecho intromisión en mi vida privada y que de alguna manera esta comisión, si bien es cierto, ustedes, señoras y señores diputados, tienen mi responsabilidad; lo cierto es que sí están conectando actividades ilícitas y yo presentaré la denuncia para que se investigue quién ha realizado esa intromisión, porque curiosamente vean que hace un dron sobrevoló la propiedad que adquirí en Parrita.
"Bueno, de ahí, ¿quién voló el dron y a quién pertenece? Resulta que los drones, para los que no lo saben, tienen un prontuario y se sabe cuál dron es y cuál dron llegó. Así es que yo denunciaría ante el Ministerio Público y llegaría hasta las últimas consecuencias, porque las personas que han invadido, y para los que algunos no saben, en la exposición que traigo, el 24 constitucional y el 196 bis del Código Penal, tutelan precisamente la intimidad del domicilio y dentro de esto, lo que se conoce como vuelo, y es precisamente que ese dron invadió mi privacidad y quien lo hizo responderá por ello, y las personas también que han conectado esto", señaló la alta jueza.
Para la presidenta de la Sala Tercera, la pesquisa resulta ilegal en tanto que se trata de fondos privados, no públicos, y, por ende, se exceden las competencias de los diputados.
Incluso, Solano hizo ver que se reserva la posibilidad de presentar denuncias o demandas contra los integrantes del foro, por considerar que estos abrieron la investigación a pesar de que conocían que los hechos no estaban relacionados con sus funciones.
Otro punto que para la magistrada hace ilegal la pesquisa es que, a su criterio, hubo una intromisión en datos privados que son protegidos por la Constitución Política, como todos los relacionados con su situación crediticia.
Desde la perspectiva de la alta jueza, que la comisión ahora persiga asuntos relacionados con esa violación a su intimidad, más bien termina por legitimar la filtración.
El planteamiento de Patricia Solano fue respaldado por la oposición en bloque, que criticó la apertura de la investigación y la celeridad con la que el dominante Partido Pueblo Soberano (PPSO, oficialista) convocó a la magistrada a audiencia.
Para el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, se trata de una "operación embarre", puesta en marcha en la antesala de la votación sobre la continuidad de la alta jueza en el cargo.
Poco después, el presidente del foro, Gonzalo Ramírez, rechazó el señalamiento y lo calificó de "táctica añeja".
La comparecencia de la presidenta de la Sala Tercera llega en el día hábil inmediato a la creación de la pesquisa y dos días antes de que el Plenario discuta de forma definitiva la reelección o no de Solano.
A ese debate, y su posterior votación, la magistrada llegará con una recomendación de evitar su permanencia en el puesto, emitida por la agrupación en el poder.
No obstante, Pueblo Soberano carece de los 38 votos necesarios para impedir la reelección de la alta jueza, de manera que se vislumbra un escenario similar al que acabó con la continuidad de Julia Varela como magistrada de la Sala Segunda, el 9 de setiembre anterior.
Solano llegó a declarar que el proceso en su contra responde a un "juicio político", ya que resulta "incómoda para algunas personas y el Gobierno", dada su defensa de la independencia judicial en un contexto de tensiones entre poderes.
Reiteradamente, la magistrada aseguró haber cumplido con los requisitos para recibir el crédito, indicó que estaba al día y defendió su posibilidad de formar parte de la asociación, aun cuando está jubilada desde hace nueve años.
El grueso de los cuestionamientos oficialistas, que estuvieron a cargo de los diputados José Miguel Villalobos, Stephan Brunner y Marta Esquivel, giraron alrededor de si la alta jueza recibió adelantos de cesantía —los cuales, a criterio de los congresistas, no proceden, pues al ser pensionada, Solano fue liquidada— como aportes patronales a su capital en la organización, que a su vez pudieron haberle beneficiado a la hora de obtener el préstamo.
Sin embargo, Solano dijo desconocer de qué manera la asociación obtiene y administra sus recursos.