Jornadas 4/3: la reforma imposible

A finales de 2018, la exdiputada Ana Lucía Delgado presentó un proyecto de ley con la promesa de saldar, de una vez por todas, la histórica deuda que muchos sectores productivos reclamaban para permitir en Costa Rica la posibilidad de introducir jornadas laborales excepcionales en tareas específicas, popularmente conocidas como jornadas 4/3.

La propuesta llegó respaldada con la firma de 14 diputados de Liberación Nacional, la bancada más numerosa en aquel entonces.

Aun en medio de ese escenario favorable, el proyecto se dictaminó casi dos años después, en setiembre de 2021, ya con un escaso margen de maniobra para pensar en una votación final, pero con la promesa de un camino allanado para que los futuros legisladores votaran, finalmente, la reforma.

Y sucedió: incluso con la férrea defensa de la actual fracción del Frente Amplio, principal opositor de permitir jornadas laborales que, en su visión, son un retroceso en los derechos de los trabajadores costarricenses, el proyecto recibió una histórica votación en primer debate en 2023; pero terminó estrellándose en la Sala Constitucional, que encontró un vicio de forma en su tramitología y obligó al archivo de la propuesta.

Con ese antecedente, el Congreso presentó un nuevo texto en la misma vía y aprobó una vía rápida para acelerar la aprobación de un proyecto que, en teoría, ya estaba discutido y resuelto. Este se presentó a inicios de 2024 y se dictaminó un año después.

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Ayer martes, en el ocaso del actual Congreso, los diputados renunciaron a seguir discutiendo el asunto y apostaron, una vez más, a que lo resuelva la futura Asamblea.

¿Por qué?

“Por el reglamento legislativo. Nuestro reglamento está hecho para un contexto donde lo que existía era el bipartidismo. Nuestro reglamento no está adecuado para una Asamblea Legislativa llena de diferentes fuerzas políticas.

“Porque el reglamento le permite a un único diputado poder bloquear cualquier iniciativa en la que no esté de acuerdo. Porque si bien este proyecto no tiene unanimidad, sí tiene consenso. Y justo demostramos que tiene consenso cuando se logró la vía rápida y también cuando se logró su votación en primer debate”, aseguró la socialcristiana Daniela Rojas, impulsora de esa última propuesta que de nuevo quedará sujeta a las voluntades futuras.

Efectivamente, el Frente Amplio presentó alrededor de 2.500 mociones de fondo al texto, que junto a las revisiones y reiteraciones, eleva a más de 5 mil las mociones por discutir, todas con tiempos reglamentarios que los frenteamplistas prometieron utilizar.

La bancada, que acusó un vicio de procedimiento en “pausar” la vía rápida que se le votó, celebró ayer que no fue en periodo legislativo que esa propuesta viera la luz y argumentaron que, con lo decidido, hay razones suficientes para que ese texto también se archive.

Rojas, a su vez, reconoció que la presión de otros diputados por despejar la agenda y poder discutir otros proyectos pesó, especialmente en fracciones que ya no tendrán representación en el próximo cuatrienio, como es el caso de Nueva República.

“Yo estaba de acuerdo en que continuáramos en la discusión de las mociones. A mí me parece que ese es un grave error que se ha cometido en esta asamblea en diferentes temas. Justo porque cuando existe alguien o una fracción o un solo diputado que no coincide en un proyecto, lo que hace es llevar al extremo a quienes sí están de acuerdo hasta que ya tiren la toalla.

“Y por eso es que este país no ha tenido las discusiones nacionales y trascendentales que ha necesitado. Hablemos no solo de jornadas 4/3, sino que podemos hablar de reforma de nuestro sistema eléctrico, de Crucitas; así podemos hablar de varios temas. Y es justo porque, como un solo diputado puede hacer que nada más avance, pues entonces ahí sí hay que caer en razón y definir si es viable o no seguir con el tema, porque otros temas son los que van a sufrir las consecuencias”, aseveró Rojas.

Pero ese bloqueo, que el Frente Amplio advirtió desde el primer día, junto a la insistencia de una mayoría por darle vía rápida, metió al Congreso en una “camisa de fuerza”, con una obligación reglamentaria por votar esas mociones con prioridad y sin discusión, que significó horas y semanas de trabajo legislativo que, al final, se traduce en millones de colones que pagan los costarricenses.

¿Eso no es un fracaso? Para la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, no.



La futura Asamblea tendrá la tarea, entonces, de discutir esas miles de mociones, con la ventaja de tener un bloque oficialista de 31 diputados, pero también una fracción frenteamplista que crece a siete curules.

“(Los futuros diputados) tienen que continuar el trámite en donde nosotros lo dejamos, que es únicamente en la votación. Ojalá nosotros podamos avanzar en estos meses en el proyecto de ley de reforma al reglamento que establece un tiempo de votación a cada una de las mociones, y eso limitaría aún más la posibilidad de entrabarlo.

“Pero a la nueva fracción del Frente Amplio lo que le queda con este proyecto de ley es dilatar la votación de cada una de las mociones, o sea que en cada votación van a poder durar lo que quieran, pero no van a poder ni presentar más mociones, ni tampoco las van a poder discutir”, finalizó Rojas, quien espera que la reforma vea la luz en el próximo año, o cuando menos, en el venidero cuatrienio.