El Ministerio de Hacienda revirtió una retención presupuestaria de ₡3.053 millones al Poder Judicial.
La decisión fue informada por la cartera a la Corte Suprema de Justicia mediante un oficio leído en la sesión de este lunes. Sin embargo, la institución reveló los detalles del documento mediante un comunicado de prensa.
El 20 de julio pasado, los magistrados conocieron otra misiva en la que se les comunicaba la decisión de una rebaja del 10% en las cuotas de gastos de la programación financiera del Poder Judicial para el tercer y cuarto trimestre del año, lo que representa el 42,4% de las erogaciones que la Corte tenía previstas para lo que queda del 2026.
La nota de prensa del Poder Judicial no detalla las razones del cambio de postura por parte de Hacienda, pero destaca que esta se produce después de que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, planteara un recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar ante la Dirección de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional.
El propio comunicado reconoce que la gestión no ha sido resuelta, pero señala que fue después de esta que se decidió la liberación de la totalidad de los dineros correspondientes a las cuotas de gasto.
Los ₡3.053 millones en cuestión se iban a sumar a otros ₡13.220 millones que la Corte había acordado rebajar de su plan de gastos el 27 de junio anterior, como parte de una contribución institucional en el contexto de la situación fiscal que atraviesa el país.
Producto de la retención que había anunciado de la cartera, y de la que ahora se da marcha atrás, el Poder Judicial había tenido que hacer un análisis del impacto de la medida, lo que derivó en reprogramación de compras y planes de trabajo en todas las áreas, tanto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como del Ministerio Público y la Defensa Pública.
También se implementó una serie de acciones para reservar los recursos disponibles y hacer efectivo el recorte.
Ante la comunicación de la liberación de la cuota, fue necesario revertir los procesos realizados y reincorporar los recursos al disponible institucional. Esto implica retomar los planes de trabajo y reprogramar los procesos de compra.
La Corte advirtió que el impasse puede generar riesgos para la ejecución de los recursos, debido a los trámites administrativos que implica revertir miles de líneas presupuestarias y reactivar los programas de trabajo y el plan de compras institucional.
Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Hacienda.