Gobierno propone prisión preventiva automática a quien se resista al arresto

El proyecto de Ley Gerson Rosales, presentado el lunes por la presidenta Laura Fernández, plantea que la resistencia al arresto se convierta en una causal de prisión preventiva y en un supuesto para negar la casa por cárcel.

La iniciativa, a la que se le asignó el expediente 25.614, propone una "protección integral" a la víctima y al servidor policial, a través de la introducción de varios artículos del Código Penal y la reforma de otros ya existentes. Sin embargo, fue titulado en honor al oficial de la Fuerza Pública asesinado a tiros el 13 de mayo pasado en Batán de Matina.

El artículo 4 del texto propone modificar el numeral 239 bis. del citado cuerpo normativo, sobre escenarios para el dictado de la medida cautelar, para, entre otras cosas, incluir un inciso que se lea:

"Cuando el imputado, al momento de su detención, oponga resistencia activa mediante el empleo de intimidación o violencia contra los miembros de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las demás fuerzas de policía públicas, cuya competencia esté prevista por ley, que procedan a su aprehensión, o cuando los agreda físicamente durante ese acto".

De aprobarse la iniciativa, todo juez quedará facultado para dictar prisión preventiva en ese escenario puntual. Esto ocurrirá en la etapa inicial del proceso penal, que es en la que se desarrolla la investigación correspondiente, la recabación y el análisis de la prueba correspondiente.

Pero también en nuevos supuestos, como que el endilgado haya tenido esa misma condición en un proceso penal anterior por delito doloso en el que mediara violencia contra las personas o fuerza de las cosas, y sea nuevamente denunciado por la comisión de un hecho de igual naturaleza. Para este caso concreto, esto no aplicará si la causa anterior terminó en absolutoria en firme, sobreseimiento definitivo o desestimación.

Además, crea nuevas causales para el dictado de la prisión preventiva, como cuando una persona goce de monitoreo electrónico o arresto domiciliario, y sea denunciada por un delito con una pena superior a tres años de cárcel. O cuando esta sea objeto de una investigación por su pertenencia a una organización criminal.

En el artículo 1 del texto, a su vez, se plantea modificar el numeral 57 bis. del Código Penal, en el que se establecen los presupuestos para otorgar casa por cárcel. La propuesta es que se incluya el siguiente inciso:

"Que la persona condenada, al momento de su aprehensión, no haya opuesto resistencia ni agredido a los funcionarios policiales encargados de su detención".

Lo anterior nuevamente crea una condición en la que una persona que haya tenido alguna actitud violenta contra los oficiales que lo detuvieron no podrá recibir esa sanción penal sustitutiva de la prisión.

Aunque parecen similares, ambas propuestas tienen una gran diferencia y esta tiene que ver con el momento procesal en el que ocurren. En el caso de la prisión preventiva, como ya se indicó, esta se dicta en la fase inicial del proceso. En cambio, el arresto domiciliario solo puede ordenarse durante el juicio; es decir, una vez concluido el proceso y dictada una condena.

El proyecto también propone ampliar la pena mínima por el delito de resistencia, al pasarlo de uno a seis meses de cárcel. Sin embargo, la iniciativa no toca el extremo mayor del castigo, que se mantiene en tres años de prisión. Tampoco plantea cambios en la definición del ilícito (tipificación).

Respeto a la autoridad

Consultado al respecto por Teletica.com, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, defendió la propuesta y fue enfático en que, desde su perspectiva, ningún ciudadano debería resistir a un arresto.

Incluso, se le planteó qué sucedería en caso de que el detenido sea un manifestante, los cuales son comúnmente pasados al Ministerio Público por resistencia.

"Es que nadie tiene que resistirse a una actuación de un policía. Si lo está haciendo, es porque está ante una actitud delictiva. Así de sencilla. No lo veo grave tampoco", señaló el jerarca a este medio.

"Es una causal más, que tiene que ser persuasiva de que a los cuerpos policiales se les tiene que respetar y punto", agregó.

Ahora, el proyecto de ley en cuestión deberá ser estudiado por la Asamblea Legislativa antes de su aprobación.

El primer paquete de reformas del Gobierno de la República en materia de seguridad incluyó seis textos diferentes, aunque Aguilar fue enfático en que nuevas iniciativas serán enviadas a los diputados con posterioridad.

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