Tal y como anunció la semana anterior, la presidenta Laura Fernández presentó este lunes su paquete de proyectos en materia de seguridad, una lista de seis iniciativas de ley que hoy entran a la corriente legislativa y deberán ser analizadas por los diputados.
Acompañada de la llamada “Fuerza Élite”, la mandataria anunció el bloque como una propuesta para “la recuperación de justicia y seguridad del país”, seis proyectos que, según dijo, atienden “situaciones apremiantes”.
¿Cuáles son estas propuestas?
Se trata de una propuesta enfocada en la protección integral de la víctima y el servidor policial. Su nombre, según detalló Fernández, hace honor al oficial Gerson Rosales, asesinado en mayo anterior en Limón cuando un criminal le disparó por la espalda.
La intención es endurecer las penas de prisión contra quienes obstaculicen la labor de un policía o lo ataquen.
El principal cambio es que presumiría la respuesta armada de cualquier miembro de un cuerpo policial como legítima defensa.
“La respuesta armada de un oficial de los diferentes cuerpos policiales del país debe presumirse como legítima defensa, no puede ser posible que nuestros oficiales de policía se enfrenten a criminales armados hasta los dientes y que cuando hacen uso de las armas de reglamento en cumplimiento de su labor tengan que involucrarse en un calvario jurídico para justificar el uso de la fuerza en sus operaciones”, dijo la mandataria.
El cambio regularía el uso de la fuerza armada, ampliaría la legítima defensa a la protección de familiares y terceros, castigaría la resistencia contra la policía en casos de arresto, agrava las penas por desarmar a un policía; crea un delito por amenazar a policías y también castiga con dureza a quien ataque a un oficial con un arma permitida o no permitida.
Promete castigos de “mano dura” en contra de quienes pertenezcan o promuevan la participación en el crimen organizado.
Se proponen penas de entre 1 y 6 años de cárcel por pertenecer a estos grupos, castigos que se elevarían en hasta 6 y 20 años de prisión por temas como terrorismo, narcotráfico, trata de personas o por reclutar o instigar a pertenecer a estas bandas.
Se elimina la prisión preventiva contra reincidentes, impidiendo que los jueces puedan liberar a estas personas por temas de arraigo familiar o laboral.
“No se puede juzgar igual a una persona que cometió un único delito en su vida frente a alguien que ha hecho del delito su forma de vida”, dijo Fernández.
Así, esa posibilidad de liberar a presuntos criminales se eliminaría cuando existan condenas previas, se incumplan medidas cautelares, se trate de un “delincuente habitual” o existan dos o más causas penales abiertas contra esa persona.
Se propone obligar a todos los privados de libertad del sistema penitenciario nacional a trabajar.
“No queremos más vagos en las cárceles”, dijo la mandataria antes de precisar que cada privado de libertad le cuesta al sistema $1.000 mensuales.
Según Fernández, el 35% de la remuneración económica que reciba cada privado de libertad se irá para pagar su manutención en el sistema penitenciario; otro 35% para la familia de la víctima de su delito; un 20% para apoyar a su propia familia y un 10% para un ahorro que se le entregará al momento de ser liberado.