La propuesta del Gobierno de la República para reducir y bloquear el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año se llenó de críticas la tarde del lunes.
Durante la sesión de Corte Plena, los magistrados analizaron el proyecto presentado el 1.° de setiembre pasado por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves.
El planteamiento no solo incluye un recorte de ₡10.553 millones en el plan de gastos de esa institución y los órganos auxiliares de justicia —el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública—, sino que contempla una serie de condiciones que limitan la ejecución de otros ₡29.844 millones.
Varios de los altos jueces cuestionaron la "inédita" y "exclusiva" medida, al tiempo que especularon que el fin de esta es lograr un "cierre técnico" del Poder Judicial.
"Es un plan cínico, perverso y macabro. Me parece que no es una casualidad que a nosotros nos tocara enfrentar esta situación sin precedentes en la historia del país", señaló el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya.
Por su parte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, así como el fiscal general, Carlo Díaz, recordaron cómo el 25 de julio pasado, el propio Chaves planteó en una actividad de la presidenta Laura Fernández si la ciudadanía tenía algún temor de un eventual cierre del Poder Judicial.
Sobre ese episodio, la alta jueza abonó:
"En realidad, no era una amenaza, era anunciándonos lo que seguía: esto representa un cierre técnico del Poder Judicial ante el recorte de los recursos que se hacen. Pareciera que el crimen organizado no es el enemigo, el enemigo es el Poder Judicial".
Su compañera de tribunal, Patricia Vargas, apuntó que la citada propuesta, que ahora debe conocer la Asamblea Legislativa, se compone de mecanismos que buscan impedir la administración de justicia.
Tanto ella como el también integrante de esa Sala, Gerardo Rubén Alfaro, recordaron que los presupuestos se construyen con suficiente anticipación, pues en ellos se contemplan una serie de compromisos en distintas áreas.
"Esto es un procedimiento burocrático sin precedentes en la historia presupuestaria costarricense. Esto nunca se ha visto. Miren, aunque el Poder Judicial, de la forma más diligente, el 1.° de enero empecemos a hacer esa auditoría externa para presentársela después a la Contraloría (General de la República - CGR), para lograr ese doble check, y que eso llegue al Congreso, primero a la Comisión de Hacendarios, y después al Plenario. Aunque hagamos eso, el Poder Judicial se va a quedar sin recursos y sin capacidades para administrar justicia y para combatir el crimen organizado", mencionó el magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva.
Para el también miembro de ese tribunal, Carlos Zamora, la propuesta, de materializarse, constituye una intromisión de un poder sobre otro, al tiempo que viola la supremacía constitucional y la autonomía de gobierno de la Corte.
En cambio, la alta jueza de la Sala Segunda, Roxana Chacón, apuntó que, en su impresión, el deseo del Poder Ejecutivo es mantener "estacionados" recursos que, si bien el Poder Judicial los ha ahorrado para sus proyectos de infraestructura, están en la caja del Estado y, por consiguiente, le generan intereses al Ministerio de Hacienda.
Sobre las manifestaciones de los magistrados, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera.