La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente el proyecto de ley que pretendía traerse abajo la cuestionada ley “antihuelgas”, aprobada en 2020.
El plan recibió solamente dos votos a favor: el de Joselyn Sáenz, diputada del Frente Amplio, y el de Marco Badilla, legislador de Liberación Nacional (PLN). En contra estuvieron los oficialistas Marta Esquivel, José Miguel Villalobos, Cindy Blanco y Kattia Calvo; así como Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Se trata del expediente 24.961, denominado “Ley para la restitución del derecho a la huelga y a la protesta, por la defensa de la libertad, la democracia y los derechos laborales en Costa Rica”, una iniciativa impulsada por diputados del Frente Amplio.
El proyecto buscaba revertir parte de las reformas introducidas mediante la Ley 9808.
Entre sus propuestas, la iniciativa planteaba permitir huelgas intermitentes, graduales o escalonadas en determinados servicios públicos esenciales, siempre bajo esquemas de servicios mínimos de atención.
El texto también pretendía eliminar las categorías de “servicios de importancia trascendental” y “servicios de carácter estratégico”.
Con el dictamen negativo, la propuesta pasará al archivo.