Un informe jurídico remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Asuntos Hacendarios desató un choque de criterios en la Asamblea Legislativa este martes, en relación con recortes solicitados por el Ministerio de Hacienda para 2026.
El documento —del que Teletica tiene copia— concluye que el proyecto de presupuesto extraordinario, que pretende rebajar ₡13.106 millones al Poder Judicial este año (de los cuales ₡11.608 millones fueron autorizados por los magistrados), "afecta negativamente" su organización y el funcionamiento.
La opinión jurídica, rendida por el alto juez de la Sala Primera, Jorge Leiva, responde a una solicitud de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, como integrante de Hacendarios, órgano encargado de conocer el expediente 25.803.
"Ante la consulta que realicé en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Corte Suprema de Justicia, el día de ayer (lunes) brindó respuesta, donde establece que efectivamente existe una afectación al Poder Judicial y eso llevaría a que en el presupuesto extraordinario se requieran en segundo debate 38 votos. Esa es la interpretación que se está refiriendo conforme al artículo 167 de la Constitución Política", explicó la legisladora.
Sin embargo, el jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, cuestiona esa posición.
"Esta comunicación de la Corte Suprema de Justicia no se enmarca dentro de lo que establece el artículo 167 de la Constitución Política y, por lo tanto, no califica la votación (es decir, la eleva de 29 a 38 votos)", comentó el vocero de la agrupación en el poder.
La citada norma constitucional establece que, para la discusión y aprobación de iniciativas que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, el Congreso debe consultar a la Corte. Asimismo, refiere que, para apartarse del criterio de esta, los diputados requieren el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Parlamento; es decir, 38 votos.
Complementariamente, el inciso 1 del numeral 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que esa institución debe informar y emitir su opinión en los asuntos que la Carta Magna y las leyes determinen que sea consultada.
"A partir de todo lo expuesto, se concluye que el proyecto de ley sometido a consulta de esta Corte, en lo que respecta al recorte de recursos presupuestarios previamente asignados a este Poder, tiene una clara incidencia negativa en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
De aprobarse el recorte adicional propuesto por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, múltiples ámbitos del quehacer jurisdiccional, administrativo y auxiliar de la justicia carecerían de los recursos necesarios para atender todas las necesidades institucionales, en detrimento de la oportunidad, calidad, salubridad y continuidad de los servicios que se brindan al pueblo de Costa Rica", subraya el informe 1184-2026.
Tanto Aguilar como el referido documento puntualizan un impacto del recorte en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Por ejemplo, se menciona una afectación en la capacidad de atender el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, mobiliario y los sistemas de aire acondicionado, un detrimento en los suministros básicos para el desarrollo de labores administrativas, técnicas y operativas, incluida la elaboración de los diferentes informes policiales.
Al respecto, Acosta subrayó que, frente a una reducción de los ingresos del Estado de ₡373.391 millones, como la que motivó la planteada rebaja, obliga a todas las instituciones a "socarse la faja" sin que ello amerite una calificación de la votación.