El Plenario Legislativo rechazó este lunes, por votación de 31-23, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, no consiguió los 38 votos mínimos que requería para ser aprobada en segundo debate.
La decisión supone un duro golpe al Gobierno de Laura Fernández y su bancada, que defendían la iniciativa como clave para impulsar el desarrollo del país y la atracción de nuevas empresas y sectores.
"Hoy queda claramente establecido quiénes están a favor del progreso del país y quiénes defienden el status quo. Quienes, de una u otra manera, sabiendo las necesidades que tiene el país, deciden votar a favor de mantenernos sin capacidad de responderles a las futuras generaciones", aseveró el jefe oficialista, Nogui Acosta.
El viernes, en la víspera de esta discusión, el subjefe del PPSO, Juan Manuel Quesada, había dicho que tenían "siete diputados patrióticos" del PLN para conseguir los votos necesarios que exigía la propuesta.
El liberacionista Álvaro Ramírez desmintió esa fractura en su fracción y retó públicamente al oficialismo a someter a votación el expediente para poder demostrar la postura verdiblanca, tal y como sucedió esta tarde.
Quien sí votó a favor del proyecto fue la socialcristiana Abril Gordienko, quien aun así culpó al Gobierno del fracaso de la propuesta que el PUSC respaldó.
"Si hoy no hay armonización, los únicos responsables son el gobierno de doña Laura Fernández y la fracción de Pueblo Soberano, porque para la Marina de Limón, el tren eléctrico y otros proyectos que sí les interesaban y por los que se querían poner la medallita, sí negociaron, sí se acercaron a dialogar, sí aceptaron sugerencias…", criticó.
¿En qué consistía?
El proyecto, que presentó desde 2022 el gobierno de Rodrigo Chaves, defendía la modernización del Sistema Eléctrico Nacional bajo los pilares de la eficiencia y sostenibilidad, con la promesa, además, de que los consumidores finales tendrán energía de calidad al menor costo posible.
Para lograrlo, la propuesta rompía el monopolio eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para permitir que actores públicos, privados o mixtos participen del mercado, tanto en la generación como en la venta de electricidad, bajo reglas estrictas y supervisadas.
Esto significa que el ICE dejaría de ser la entidad que controla y maneja el mercado eléctrico nacional y se convertiría en un actor más, eso sí, con la ventaja de continuar siendo el mayor generador eléctrico del país.
Ese punto fue la principal queja de la oposición, que exigía reforzar al instituto antes de convertirlo en un actor secundario.
Con la votación negativa de este lunes, el proyecto automáticamente deberá ser archivado.