¿Debería sancionarse a los ticos que no vayan a votar en un proceso electoral?

Es un hecho, los ticos salen cada vez menos a votar pese a tener una democracia libre y con una papeleta garantizada para los poco más de tres millones de ciudadanos llamados a las urnas. 

En el mundo, cerca del 13% de los países tienen alguna forma de voto obligatorio, con consecuencias que van desde multas simbólicas hasta restricciones para realizar trámites estatales, buscando así acercar al sufragio.

En Brasil, por ejemplo, la sanción por no votar es una multa de apenas 3,51 reales, unos 314 colones. Sin embargo, la acumulación de ausencias y el no pago de la multa puede derivar en consecuencias más severas, como la pérdida de la credencial de votante, lo que impide renovar el pasaporte o acceder a puestos públicos.

“En Argentina, por ejemplo, existe la posibilidad de que las personas que no tienen sellado, digamos, el documento, pueden, por ejemplo, durante un cierto tiempo, no ir a hacer ciertos trámites estatales, en bancos, etcétera. Últimamente, tengo la impresión de que no se hace cumplir eso, pero se puede hacer cumplir”, explicó la especialista en abstencionismo, Ciska Reventós.

Para Reventós, obligar a votar no equivale a fortalecer la democracia. “No creo que mejore. Yo creo que el problema es cómo hacer para que las personas puedan votar por partidos y proyectos de sociedad que crean que sean convenientes para la sociedad”, señaló.

En el caso costarricense, la discusión parte de una particularidad poco conocida. “En Costa Rica, el voto es obligatorio. Es una obligación ciudadana. Lo que no es, es penado. Es decir, si uno no vota, no tiene consecuencias, pero el deber ciudadano es ir a votar”, recordó la especialista.

Esa ausencia de sanciones fue precisamente lo que buscó cambiar un proyecto de ley presentado en 2022, que planteaba multas de entre 492.000 y 1.200.000 colones para quienes no votaran ni justificaran su ausencia. La propuesta generó amplio debate, pero fue archivada en 2023 tras no alcanzar respaldo mayoritario en el Congreso.

Para el politólogo Rotsay Rosales, imponer castigos es una solución superficial.

 “A mí me parece que es un paliativo, pero no resuelve absolutamente nada. Países que han logrado incrementar o que tienen una alta participación electoral y que le atribuyen este fenómeno a la existencia del voto obligatorio, nos damos cuenta entonces de que no forma parte de un proceso de aceptación legítima y del valor que tiene el sufragio, sino de una amenaza”, afirmó.

Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, el director del IFED, Hugo Picado, advirtió sobre otro efecto colateral. 

“Tiene también su desventaja ese sistema de multas, y es que en muchos países se observa que la gente va a votar, pero los niveles de voto nulo y en blanco se elevan hasta un 10%. Entonces son países que en promedio pueden tener hasta un 10% más de participación electoral que los países que no tenemos sanción al que no vota, pero a veces ese 10% es engañoso porque son votos en blanco o nulo, simplemente personas que van a votar para que les den el sello de que votó y no tener que pagar una multa”.

La raíz del problema, insisten varios especialistas, está más allá del comportamiento individual del electorado. 

“No me parece que resolvería los problemas, creo que los problemas políticos y electorales que tenemos son de una envergadura tal que no se resuelven por ese lado. Creo que tampoco los problemas están directamente en los electores, creo que los problemas están más en cómo se construye la oferta política, en qué está pasando con los partidos políticos”, sostuvo Reventós.

“Creo que lo primero es una democracia que dé resultados, segundo creo que hay que retomar la Educación Cívica, que la dejamos; y creo que, para no complicarlo mucho, si tenemos una institucionalidad que vuelva a dar resultados y esto parte por una educación cívica de los funcionarios de a quién les sirven, que no es a ellos mismos”, planteó el analista Mario Quirós.

¿Pero acaso sirve en los países donde se aplica? Los resultados no son concluyentes.
Brasil registró un abstencionismo del 21,68% en la primera ronda de las elecciones de 2024, cifra que subió a 29,26% en la segunda. En Argentina, en octubre del año pasado, un 34% del padrón no votó, el nivel más alto desde el retorno a la democracia. Ecuador, país que también tiene multas, en 2023, tuvo una ausencia del 17%, mientras que Bolivia alcanzó un 13% en 2025.

El debate se da en un contexto marcado por cifras históricas. En la primera ronda de las elecciones nacionales del 6 de febrero de 2022, Costa Rica registró un abstencionismo del 40,29%, el más alto en su historia democrática. Casi un millón y medio de personas no acudieron a las urnas, consolidando una tendencia ascendente que, por primera vez, superó la barrera del 40%. Esa cifra representó, además, un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2018. 

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