Política
¿Un código procesal para criminalidad organizada y otro para la común? Esto propone Sala III
La propuesta es una de varias posibilidades que analiza la Sala de Casación Penal como parte de la profunda reforma que se discute en este momento.
El Poder Judicial proyecta presentar, en cuestión de 10 meses, el borrador de su reforma al Código Procesal Penal.
Así lo acordó la mañana de este lunes la Corte Plena, al acoger la ruta de trabajo planteada por el magistrado Gerardo Rubén Vargas, de la Sala de Casación Penal.
"Lo que proponemos es que en 9-10 meses estemos entregando un anteproyecto a esta Corte para que sea discutido, lo cual no significa que nos mantengamos solamente en ese proceso.
"La Sala paralelamente va a estar trabajando todas las semanas en hacer propuestas que sean inmediatas y permitan agilizar en lo que sea necesario lo que sea posible de manera más inmediata", indicó el alto juez.
El planteamiento de Vargas incluye siete etapas:
Tras la exposición, algunos magistrados reconocieron el esfuerzo de la institución por plantear una iniciativa, aun cuando ello corresponde a otros poderes.
El alto juez Fernando Cruz invitó a revisar la figura de la actividad procesal defectuosa y cómo esta se ha convertido en una figura para anular y regresar a etapas anteriores, y no para sanear errores.
También mencionó la necesidad de reformular el "testigo de la corona", procurar nuevos recursos para las víctimas, así como una participación más activa del Sistema Bancario Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) en la persecución de delitos económicos.
"Nosotros queremos decirle al país, tal cual lo dijo don Fernando Cruz, que de esta Corte nace una iniciativa y que estamos conscientes de que necesitamos un proceso tal cual sea eficiente, que sea eficaz, que permita que las personas tengan una respuesta oportuna a sus problemas. Pero más allá de eso, necesitamos también que la estructura le permita a la ley poder materializarse.
"Entonces tenemos que ir en dos caminos: no solamente una propuesta de reforma de ley seria, responsable, que permita el enfrentamiento con el crimen organizado, con la delincuencia transnacional, con el crimen informático, pero que también la estructura sea una estructura moderna, que permita aterrizar esa ley", complementó Vargas.
La magistrada Roxana Chacón apuntó la urgencia de disminuir los plazos de tramitación, especialmente en los casos de agresiones sexuales, mientras que la alta jueza Iris Rocío Rojas insistió en promover cambios puntuales paralelos para acelerar el procedimiento penal en lo que se define la reforma.
En un espíritu complementario, la magistrada Damaris Vargas abogó porque se incluyan perspectivas de género y de interseccionalidad, especialmente de los pueblos indígenas; y porque se escuchen las ideas de ingenieros industriales y no solo las de los abogados.
La alta jueza Julia Varela apuntó la necesidad de que se revisen las obligaciones de los testigos.
Vargas enfatizó que el planteamiento que hará no suspenderá otras propuestas —entre ellas las ya presentadas a la Asamblea Legislativa— que surjan en la Sala de Casación Penal, al tiempo que subrayó que el problema del sistema de justicia no se resolverá con el proyecto que se presentará, y que es por ello que deben analizarse problemas estructurales, como la tecnología y la necesidad de sistemas interconectados.