La Corte Plena acordó, la tarde de este martes, devolver a la Asamblea Legislativa la lista de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, apenas cuatro días después de que, por mayoría, los diputados pidieron una nueva nómina.
Con el apoyo de altos jueces, el máximo órgano del Poder Judicial decidió insistir a los diputados que elijan los sustitutos con base en los candidatos actuales, a pesar de que deliberadamente la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) —que tiene mayoría del Parlamento— ha bloqueado la elección.
Tan es así que, después de 11 rondas de votación, ninguno de los 18 aspirantes a magistrados suplentes fue seleccionado para ocupar alguna de las nueve vacantes que tiene el Alto Tribunal.
Algunos magistrados, como Guillermo Rivas, Patricia Solano, Patricia Vargas, Ingrid Hess y Rafael Segura, fueron enfáticos en que la nómina en cuestión es el resultado de un concurso que incluyó la postulación, la revisión de atestados, un estudio socio-laboral, entrevistas, entre otras etapas.
Todos ellos, así como el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, coincidieron en que la Asamblea nunca dio justificaciones del porqué rechaza la lista proporcionada, como en el pasado ocurrió, cuando las listas incumplían, por ejemplo, requisitos de paridad de género.
Otros cuatro altos jueces se inclinaron este lunes por pedir un nuevo concurso y acelerar otro que tiene en desarrollo para tres plazas más. Los restantes dos altos jueces se abstuvieron de votar.
Castillo apuntó que una alternativa como la impulsada por la magistrada Iris Rocío Rojas tomaría al menos nueve meses, que es lo que toma un proceso como el que se requiere. A ello deben sumarse unos cuatro meses de trámite en el Congreso.
A ello, el presidente de la Sala Constitucional agregó que, en los seis meses que han transcurrido desde que vencieron los nombramientos de suplentes, el tribunal acumula 87 expedientes sin discutir por falta de conformación.
De ahí que el alto juez calcula que, si no se toma una resolución en el corto plazo, es posible que el número de casos por resolver ascienda a "300 o 400" en año y medio.
A ello debe sumarse que la falta de sustitutos en la Sala Constitucional —como lo dio a conocer Teletica.com desde el 21 de mayo anterior— tiene pendiente el conocimiento en el Tribunal de Corte Plena de la solicitud de levantamiento de la inmunidad del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por las presuntas estructuras paralelas en la campaña en la que fue electo presidente en 2022.
La decisión no tardó en esperarse. La presidenta de la Asamblea, Yata Jiménez, reconoció que todavía no se ha recibido la notificación de lo acordado por la Corte.
Sin embargo, la congresista adelantó que, una vez que ello ocurra, se revisará la comunicación y se hará "lo correspondiente".
"A pesar de que no hemos sido notificados, el hecho de que la prensa diga alguna situación no nos hace a nosotros partícipes de eso. Decir que la Corte Suprema de Justicia también tenía esa prerrogativa, pero ahora sí haremos un análisis exhaustivo de las personas que vienen aquí. Esperamos que manden los tres que hacen falta, porque no está completa la nómina", añadió el jefe de la fracción de gobierno, Nigui Acosta.
Ese segundo proceso al que hizo referencia el vocero de Pueblo Soberano no estará listo antes de noviembre, según el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.
Lo anterior en el tanto que la Corte decidió darle prioridad al concurso para la elección del nuevo director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyo titular, Rándall Zúñiga, fue despedido el 18 de mayo pasado.