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Política
Contraloría propone cambios para agilizar apelaciones en contrataciones públicas
La iniciativa fue presentada por el subcontralor Bernal Aragón durante la reunión de jefes de fracción y contempla la modificación de tres artículos de la Ley General de Contratación Pública.
POR Paulo Villalobos | 1 de octubre de 2026, 17:00 PM
La Contraloría General de la República (CGR) planteó, este jueves, una reforma con el objetivo de agilizar el trámite de las objeciones a los pliegos de condiciones (antes conocidos como carteles) en contrataciones públicas.
Esto a través de una reforma parcial a la Ley General de Contratación Pública, que fue presentada por el subcontralor Bernal Aragón y el gerente de la División de Contratación Administrativa, Alfredo Aguilar, ante los diferentes jefes de las fracciones representadas en el Congreso.
La propuesta se basa en que, en el 66,5% de los recursos presentados contra el pliego de condiciones, la administración acepta las observaciones planteadas por el recurrente.
Otro grupo importante —del que no se dio un porcentaje— corresponde a meras aclaraciones al cartel; es decir, que la administración explica lo que entiende en un apartado del pliego de condiciones.
La idea es, entonces, que mediante una modificación del numeral 95 de la Ley de Contratación Pública, esas objeciones sean planteadas directamente ante la administración y que ellos escalen al órgano auxiliar a la Asamblea Legislativa solo si existen diferencias entre las partes.
Aguilar incluso hizo ver que el traslado de la gestión puede hacerse de forma automatizada mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), de manera tal que el concursante no tenga que hacer un doble trámite.
La otra parte de la reforma aplica a los artículos 97 y 99 de la citada legislación. La misma busca reubicar el control de las compras de medicamentos y equipo médico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En ese sentido, el gerente de Contratación Administrativa señaló que en este tipo de compras existe un alto grado de especialización; las decisiones deben ser tomadas por médicos con el perfil y la experiencia necesarios.
Dado que en la Contraloría no se tiene ese tipo de profesionales, se propone que esos temas sean resueltos a lo interno de la propia institución administradora de los hospitales públicos del país y que el ente fiscalizador únicamente se concentre en licitaciones mayores.
Cuestionado por el líder de la bancada del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, sobre qué sucedía en casos en los que se sospechaba de corrupción, Aragón recordó que la reforma no toca de ninguna forma la denuncia ciudadana y las funciones de fiscalización de la Contraloría.
La citada fracción, al igual que las de las bancadas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO, oficialista), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), pidieron tiempo para revisar la iniciativa, pero dejaron entrever que ven con buenos ojos el planteamiento expuesto.