POR Juan José Herrera | 3 de julio de 2026, 16:17 PM

La Contraloría General de la República aseguró este viernes que devolver el 5% de su presupuesto 2026, tal y como le ordenó el Ministerio de Hacienda, significaría un cierre técnico para esa institución.

En un oficio enviado hoy al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la contralora Marta Acosta le explicó al jerarca que con una ejecución cercana al 98% y un aumento de presupuesto que ha crecido 1,91% en los últimos 10 años, es imposible cumplir con el recorte de ₡1.055 millones que pretende el Ejecutivo.

“Considerando nuestros altos niveles de ejecución, las limitaciones de gasto que nos han sido impuestas, así como las buenas prácticas de la gestión presupuestaria recogidas en los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, ceder un 5% de nuestro presupuesto llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución, lo cual a todas luces violenta nuestro marco constitucional y legal, e incide directamente en la independencia institucional que procuró y defendió para la Contraloría General, el constituyente”, dijo Acosta.

En su lugar, la Contraloría aprobó la devolución de ₡100,3 millones de su presupuesto actual.

“Haciendo el mayor esfuerzo para contribuir con la restricción del gasto, y considerando nuestra situación financiera a la fecha, así como las limitaciones en la liberación de cuotas presupuestarias para el tercero y cuarto trimestre de este año; hemos identificado del presupuesto en ejecución 2026, una suma de ₡100,3 millones correspondientes a algunos rubros que, pese a que nos son de mucha utilidad, podemos rebajar sin poner en riesgo la operación institucional”, añadió.

Acosta añadió que para el presupuesto de 2027, donde Hacienda también pretende una rebaja generalizada de 5% en todo el aparato estatal, tampoco es posible identificar recortes sin que haya “afectaciones importantes o sin incumplimiento de los propios lineamientos técnicos emitidos por la cartera a su cargo”.

Lejos de eso, la contralora reiteró que necesitarán de un aumento de ₡796 millones adicionales para el venidero presupuesto.

“Efectuar los recortes solicitados sería menoscabar, de forma imprudente y grosera, la capacidad operativa de la Contraloría General de la República. Antes bien, reiteramos que, para el próximo ejercicio presupuestario, requerimos de ₡796 millones adicionales que, si bien fueron oportunamente solicitados, no fueron autorizados, lo que ya presupone por sí mismo un recorte a las necesidades de los recursos requeridos por esta institución, situación que nos pone en la disyuntiva realista y objetiva de no poder enfrentar nuevas responsabilidades legales si no contamos con los recursos necesarios mínimos para ello”, finalizó.

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