Con el voto afirmativo de 44 diputados, el Congreso reselló esta tarde el expediente 22.732, que exime al servicio de emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal.
La decisión, que rechazaron nueve legisladores oficialistas, supone un desafío directo a la visión del Poder Ejecutivo sobre este proyecto y ese límite al gasto incluido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, misma que se había plasmado en el veto que el presidente Rodrigo Chaves le había dado semanas atrás.
El resello, el primero que da el Congreso desde 2015, convierte en ley la iniciativa sin necesidad de la firma presidencial, imponiendo así la voluntad del Plenario por encima del Ejecutivo.
En su defensa, los legisladores argumentaron la urgencia que existe por dotar de recursos al 9-1-1, que desde el año pasado había advertido que, pese a tener los recursos, la regla fiscal no les permitía ejecutarlos, poniendo sobre el servicio un riesgo de cierre por el no pago de costos operativos.
"Si bien la aplicación de la regla fiscal hemos visto lo que puede afectar, en este caso en particular queda claro cómo compañeros de diversas fracciones estamos sumamente preocupados por los efectos que esta faltante presupuestaria del 9-1-1 puede causar", dijo la jefa liberacionista, Kattia Rivera.
En el otro extremo, los representantes del Partido Progreso Social Democrático hicieron esta tarde un último intento por convencer al Congreso de respetar el veto y apoyar, en su lugar, una reforma integral a la regla fiscal.
Gloria Navas defendió que el Gobierno también respalda la exclusión del 9-1-1 de ese límite al gasto, pero que no pueden concentrarse en propuestas individuales.
Sin embargo, ese proyecto de reforma aún está lejos de aprobarse, por lo que la tesis que imperó fue la de atender, con urgencia, la situación del servicio.