El Ministerio de Hacienda confirmó que el recorte adicional de 10% que le fue aplicado al presupuesto del Poder Judicial sobre las cuotas de gasto para el tercer y cuarto trimestre de este 2026 se aprobará mediante un presupuesto extraordinario que se presentará próximamente al Congreso.
El viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, aseveró a Teletica.com que, una vez aprobado ese proyecto, se ajustarán las cuotas de acuerdo con lo que resuelvan los diputados.
Sin embargo, este viernes trascendió la impugnación que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, presentó a ese recorte presupuestario anunciado por Hacienda.
Según dio a conocer el diario La Nación, ese recurso de revocatoria, del cual este medio también tiene copia, pretende dejar sin efecto los oficios y directrices de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda que ordenan la reducción o retención de esas cuotas presupuestarias, de manera que estas se mantengan inalteradas mientras se resuelve el fondo de la nulidad planteada.
"Los actos administrativos impugnados incurren en una flagrante y grave violación a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, menoscabando frontalmente la independencia funcional y financiera del Poder Judicial.
"Estamos ante una modificación abrupta, intempestiva, inconstitucional e ilegal y carente de fundamento jurídico - presupuestario, toda vez que la emisión a mitad de ejercicio (en junio de 2026) de una adenda que impone un tope arbitrario del 90% en las cuotas de gasto del III y IV trimestre —sin importar las necesidades reales de los centros gestores ni la planificación anual aprobada— destruye la lógica del proceso presupuestario", alegó Aguirre en ese documento.
El magistrado calificó esa modificación propuesta como "irrazonable e intempestiva" al sostener que "castiga al Poder Judicial de forma ciega" a pesar de que la institución ya había aprobado una reducción de más de ₡13 mil millones para este 2026.
"El Ministerio de Hacienda, lejos de reconocer este sacrificio estructural previo, impone un recorte lineal adicional del 10% sobre la base remanente, lo que demuestra una total desconexión con la realidad de la ejecución presupuestaria en curso", añadió Aguirre.
El presidente de la Corte sustentó ese reclamo al insistir en que ese recorte adicional se traduce en una violación al derecho constitucional de acceso a la justicia y una afectación directa a la ciudadanía; lo mismo que al debilitamiento de la persecución penal y el orden público y un riesgo sistemático a la seguridad nacional.
Por esto, solicitó no solo la nulidad de esos oficios, sino además una medida cautelar para que se reajuste en los sistemas de Hacienda las cuotas a sus montos originales y previos a los actos administrativos impugnados.
Este medio mantiene una consulta en Hacienda sobre el recurso planteado por la Corte Suprema.