La Corte Suprema de Justicia advirtió que el bloqueo que el Ministerio de Hacienda propuso hacerle en el presupuesto de 2027 impactará las 2.463 plazas consideradas vacantes.
Esto por cuanto la cartera interpreta que esos cupos están ociosos, cuando el Poder Judicial ha insistido en que en realidad en estos se tienen a funcionarios de forma interina.
Sin embargo, a esas plazas deberán sumarse todas aquellas que surjan con motivo de jubilaciones, renuncias, despidos o defunciones que se registren durante el año.
Para esos cupos, y otras partidas, el Gobierno de la República planteó una serie de normas de ejecución que los magistrados y sus técnicos han calificado de "inéditas" y "exclusivas" para el Poder Judicial, que comprometen el acceso a ₡29.844 millones (que equivalen al 5,6% del total del plan de gastos).
Entre las reglas estipuladas se menciona que la Corte no podrá utilizar las vacantes si no es con un estudio previo de costo-beneficio justificado que debe ser conocido por la Contraloría General de la República (CGR) y los altos jueces. Pero también deberá ser aprobado por la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para su aprobación final.
"Si con esto lo que quería reflejar es un ahorro presupuestario, pues efectivamente, mientras se generan todos esos informes y todas las aprobaciones, pues aparentemente tendría un posible ahorro en salarios y en cargos. Sin embargo, eso tiene costos ocultos. ¿Cómo cuáles? Horas extraordinarias, reprocesos, sustituciones, la posible contratación de servicios externos en algunos ámbitos. Detrás de eso vendrán reclamos y traslados a otras instancias judicializando situaciones. El ahorro presupuestario no necesariamente equivale a oro institucional efectivo", explicó la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta.
La servidora añadió que esa situación tiene una afectación operativa, pues incidirá en la capacidad de atender servicios, gestionar procesos judiciales y dictar resoluciones.
Específicamente, la funcionaria puso como ejemplo el caso del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, en Corredores, donde se tienen cuatro funcionarios: un juez, un coordinador y dos técnicos. De estos, todos excepto el decisor tienen puestos en propiedad.
Si se bloquea el acceso a la plaza vacante, entonces no habría juzgador y, consecuentemente, el despacho como un todo perdería su propósito. Así, lo apropiado sería cerrar el juzgado hasta tanto se cumplan las condiciones para la ejecución.
"Esto tiene una repercusión muy grande en la ciudadanía. Con menos personal, tenemos menos capacidad. Se van a generar más atrasos, habrá menos cobertura, se exigirá mayor desplazamiento, no solamente a los usuarios, y esto limitaría el acceso a la justicia. El riesgo institucional termina impactando directamente a la persona usuaria.
"Y no podemos dejar de ver el impacto humano. No hablamos de plazas, hablamos de personas que ejercen un puesto para brindar un servicio público, donde afectará a las familias, sus derechos laborales, el desarrollo profesional y su estabilidad", agregó Arrieta.
Pero la directora recordó que la norma 12 no es la única que causa algún tipo de afectación al personal, sino que, además, la 10 limita las modificaciones presupuestarias en materia de remuneraciones, al exigir que, para realizarlas, se tramite un plan de gastos extraordinario ante el Congreso.
Actualmente, esa figura es utilizada por los administradores para hacer cambios entre partidas, conforme al movimiento de personal durante la ejecución de los recursos.
"En un marco como el que tenemos, con alta movilidad del personal y convivencia del salario compuesto y salario global, incrementan la complejidad en la ejecución", hizo ver la servidora.
Específicamente, la funcionaria señaló que hay diferencias sustantivas entre las figuras en términos de flexibilidad y tiempos de gestión.
Pero, como si fuese poco, los presupuestos extraordinarios deben ser solicitados por Hacienda, lo que a su vez resta capacidad de planificación al Poder Judicial, según Arrieta.
El proyecto de Presupuesto Nacional debe ser aprobado por los diputados antes del 30 de noviembre próximo. La versión correspondiente al 2027 se tramita bajo el expediente 25.754.
Sobre los señalamientos de diferentes instancias de la Corte, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera desde el pasado lunes.