Canara y radiodifusores internacionales cuestionan proyecto para actualizar canon a frecuencias

La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) se sumaron a las crecientes advertencias sobre la inminente aprobación del proyecto de ley que actualizaría el canon que se paga por el uso de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica.

En dos pronunciamientos separados, ambas entidades dijeron estar de acuerdo con la actualización de ese monto y la regulación sobre el uso del espectro radioeléctrico, pero siempre y cuando esto responda a criterios técnicos, objetivos, razonables, proporcionales y transparentes.

“Canara reconoce que el proyecto de reforma a la Ley de Radio y Televisión contiene elementos importantes y valora el esfuerzo realizado por las diferentes fracciones legislativas para alcanzar consensos. Entendemos la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que responda a las condiciones actuales de la radiodifusión y reconocemos el trabajo realizado en esa dirección.

“No obstante, Canara ha expresado su preocupación por los efectos que podría generar un esquema de cobro sustentado en los ingresos brutos de las empresas de radiodifusión. La experiencia internacional demuestra que existen distintas metodologías para determinar los cobros asociados al uso del espectro, entre ellas, aquellas que consideran los costos razonablemente vinculados con su planificación, administración, supervisión y regulación. Por ello, consideramos fundamental que cualquier canon responda a criterios técnicos, proporcionales y transparentes y que exista claridad sobre el destino de los recursos recaudados”, expresó la cámara.

En esa misma línea, la AIR, que reúne a asociaciones de radio y televisión privadas de todo el continente americano, se pronunció el pasado lunes sobre la propuesta de ley, prevista para votarse este mismo martes en segundo debate.

“La AIR reconoce plenamente el derecho de los Estados a establecer contraprestaciones razonables por la utilización del espectro radioeléctrico. Sin embargo, cualquier carga económica impuesta a los medios de comunicación debe responder a criterios técnicos, objetivos, razonables y proporcionales, teniendo especialmente en cuenta su impacto sobre la viabilidad y sustentabilidad de los medios y, en definitiva, sobre el pluralismo y la libertad de expresión.

“La acumulación de cargas económicas excesivas o desproporcionadas puede comprometer la sustentabilidad de los medios de comunicación, especialmente de las emisoras pequeñas, locales y regionales. En determinadas circunstancias, una carga calculada sobre los ingresos brutos, sin adecuada consideración de la realidad económica y capacidad contributiva de cada medio, podría incluso producir efectos materialmente confiscatorios o poner en riesgo la continuidad de servicios de radiodifusión”, dijo.

Ambas entidades hicieron un llamado al Congreso y el Gobierno para que, antes de su aprobación definitiva, “ponderen cuidadosamente su impacto económico y adopten un régimen razonable, proporcional y técnicamente sustentado, que permita conciliar la legítima administración del espectro radioeléctrico con la indispensable protección de la libertad de expresión, el pluralismo y la sustentabilidad de la radiodifusión libre e independiente”.

La propuesta, que se votó la semana pasada en primer debate, establece el pago de un canon de hasta 3,13% (radio) y 7,73% (televisión) sobre los ingresos brutos de las empresas que utilicen las frecuencias del Estado.

Sin embargo, ni esos porcentajes ni el modelo de cobro están justificados técnicamente en la propuesta que presentó en 2024 el gobierno del entonces presidente, Rodrigo Chaves.

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