Avanza proyecto para dar recompensas a quienes brinden pistas de criminales más buscados

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó, este lunes, el expediente 24.088, que busca dar recompensas económicas a las personas que brinden información que permita la captura de los criminales más buscados del país.

La propuesta recibió el aval tras una ajustada votación de 3-2, pues tanto la oficialista Pilar Cisneros como la independiente, Gloria Navas, rechazaron el texto por aspectos de forma.

“Este proyecto de ley toma dinero del ICD, y ahora que estamos en guerra contra el narcotráfico, eso va a debilitar el aporte de este centro en ese combate. Yo quiero recordarles que el ICD necesita esos dineros y que esto va a limitar su capacidad operativa, promoviendo otro tipo de problemas administrativos.

“Puede ser un proyecto útil, pero no se trata de desvestir un santo para vestir otro”, cuestionó Cisneros.

Efectivamente, esa recompensa económica saldría de un 10% de lo que hoy le corresponde al Instituto Costarricense sobre Drogas por el decomiso de bienes vinculados al narcotráfico.

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Gilberth Jiménez, proponente de la iniciativa, aseguró que ese porcentaje es mínimo en comparación al resto de la distribución de recursos y que, además, defiende un objetivo que ya se ha probado útil en países como México o Colombia.

Navas, exjueza de la República, aseguró que, en su experiencia, ese tipo de premios son peligrosos.

“Por experiencia les digo que este tipo de premiaciones no tienen éxito, porque son peligrosas en el sentido de que en muchos casos, a pesar de que a las personas se les advierte del falso testimonio y toda esa cuestión, mienten con tal de ganarse la recompensa. Esa gestión de recompensar no es útil ni es eficaz contra la criminalidad organizada.

“Si se pretende extraerle dinero al OIJ a través de lo que el ICD les tramita, no tendría sentido”, dijo.

El dictamen afirmativo irá a consulta de la Corte Suprema, ICD, OIJ, Sala Tercera, Colegio de Abogados, Defensa Pública y Fiscalía General, entre otras.

La comisión también avaló el expediente 24.235, que obliga a la totalidad del personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria a que declaren sus bienes mediante declaración jurada ante la Contraloría General de la República.