Antecedentes de ofensores sexuales de niños quedarán manchados 50 años, acuerdan diputados

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó este jueves una reforma que propone que la hoja de delincuencia de los ofensores sexuales de menores de edad quede manchada los 50 años posteriores al cumplimiento de la pena. 

El aval fue alcanzado por unanimidad, luego de que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la oposición consensuaran un texto sustitutivo en el expediente 25.619, que forma parte de las reformas en materia de seguridad planteadas por la presidenta Laura Fernández.

La propuesta originalmente buscaba establecer que los antecedentes penales en las certificaciones con fines laborales prevalecieran por los 15 años posteriores a la sentencia, una vez que esta se dé por cumplida, sin distinguir sobre la gravedad del delito.

Pero ante observaciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (PFA) y Unidad Social Cristiana (PUSC), la agrupación en el poder accedió a construir en el acto una versión más proporcional, explicó la diputada de Pueblo Soberano, Kattia Calvo.

De esta forma, destacó el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, se alcanza un texto "más equilibrado".

En lo relativo a la hoja de delincuencia, el proyecto propone mantener los 15 años de mancha, pero únicamente cuando la pena impuesta es mayor a 10 años de prisión.

Dicho plazo deberá pasar cuando sea por delitos "muy graves", tramitados bajo el procedimiento especial de delincuencia organizada, terrorismo, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.

Cuando las sanciones sean de entre 5 y 10 años de cárcel, los antecedentes constarán los 5 años posteriores.

Las penas menores a 5 años de prisión, o por delitos culposos, el antecedente no se reflejará en la hoja, siempre que la certificación se emita con fines laborales.

Si la pena es de entre 3 y 5, o por delitos culposos, el asiento en el Registro Judicial se mantendrá por los 3 años posteriores, mientras que si es menor de 3 años la pena, se borrarán una vez cumplido el castigo.

El proyecto establece que el Registro Judicial utilizará un único sistema para almacenar los antecedentes penales, con distintos niveles de acceso según el propósito de cada consulta.

Por ejemplo, para las condenas por delitos dolosos con sanciones de cárcel, se mantendrán activas para consulta de los jueces, quienes deberán valorar esos antecedentes al fijar nuevas penas o decidir sobre beneficios como la libertad condicional y la ejecución condicional de la pena.

Además, esas sentencias se conservarán de forma permanente en una base de datos histórica, con acceso restringido para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los cuerpos policiales, en lo relativo a pesquisas, persecuciones penales y controles de permisos de portación de armas.

De igual forma, podrán ser consultadas por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) para valorar y dar seguimiento a los privados de libertad. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Registro Civil tendrán acceso en los casos establecidos por leyes especiales. 

Tanto Villalta como el congresista de Liberación Nacional, Éder Hernández, hicieron ver que, llegado el momento, interpondrán mociones para intentar enmendar algunos temas que prevalecen en el texto acordado, aunque dejaron ver su satisfacción con la anuencia del oficialismo a hacer una modificación general.

La iniciativa ahora será enviada a consulta de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), así como los ministerios de Seguridad Pública (MSP), de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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