Oficialismo propone elevar edad para portar armas y permitir rifles automáticos contra narcos
La iniciativa también plantea hacer obligatorio el rendir una declaración sobre el origen de los fondos para comprar una pistola.
El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este martes un proyecto de ley para subir la edad para portar armas y permitir que los cuerpos policiales especializados utilicen rifles automáticos en operaciones de alto riesgo.
Se trata de una reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos que se tramitará en adelante bajo el expediente 25.889, que además introduce una obligatoriedad de declarar el origen de fondos utilizados para comprar y mantener una pistola.
"Esta reforma actúa en ambos lados. Primero establece una regla general: 25 años para adquirir y poseer armas de fuego, manteniendo una excepción para quienes, siendo mayores de 18 años, necesitan portar un arma por razones propias de su trabajo en temas de seguridad.
"Y el segundo es que incorporamos un elemento fundamental de trazabilidad: quien quiera adquirir un arma tendrá que acreditar el origen lícito de los recursos utilizados para comprarla. En otras palabras, no solamente interesa saber quién compra el arma, también interesa saber con qué dinero lo está comprando", destacó el diputado Gonzalo Ramírez.
De igual forma, la iniciativa modifica el artículo 24 de la ley para el uso de armas consideradas prohibidas en "operativos de alto riesgo en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales".
Esta posibilidad se plantea para equipos especializados, como la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Policía de Fronteras y Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), todas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP); la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia; así como el Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (SERT-OIJ).
Hasta ahora, el uso de los fusiles automáticos o las armas largas está permitido en casos excepcionales, previamente reglamentados vía decreto ejecutivo. El proyecto busca que ese requerimiento actual sea solo necesario en el caso de las unidades regulares de la Fuerza Pública.
Otro planteamiento tiene que ver con el establecimiento de un límite de portación de dos cargadores permitidos por arma, con capacidad para 17 municiones cada uno; una restricción que en la actualidad no existe.
"También estamos creando un delito específico para enfrentar el desvío de armas institucionales. Un arma comprada con recursos públicos, asignada a una institución pública o entregada para cumplir una función de seguridad, no puede terminar en manos del crimen organizado.
"Por esto proponemos sancionar específicamente la posesión, transporte, almacenamiento, adquisición o recepción ilícita de esas armas, componentes, cargadores y municiones", señaló el también presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Junto a esta reforma, Ramírez presentó otros dos proyectos.
El expediente 25.891 busca agilizar los procesos de extradición, al establecer una prioridad de este tipo de trámites sobre los que se desarrollen en las jurisdicciones locales, sin que ello signifique el archivo de investigaciones o condenas en Costa Rica.
Para ello, se plantea que los tribunales apliquen una serie de medidas actuales, como la suspensión del proceso penal.
Mientras que el expediente 25.890 apunta a crear legalmente la figura del Consejo Nacional de Seguridad (prevista en la Constitución Política), establecer sus objetivos, principios, potestades y formalizar sus integrantes, entre otros aspectos.
